En una audiencia pública de reconocimiento de verdad que se lleva a cabo en Villavicencio, el general retirado Carlos Ovidio Saavedra admitió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, durante su comandancia de la VII Brigada del Ejército entre 2001 y 2003, ejerció presión sobre sus subordinados para incrementar las bajas en combate. Reconoció que esa lógica contribuyó a la comisión de asesinatos de civiles que posteriormente fueron presentados como resultados operacionales.
Audiencia del Subcaso Meta
La diligencia, que se extenderá entre el 3 y el 5 de junio, reúne a los 27 integrantes de la fuerza pública imputados como máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Subcaso Meta del Caso 03, relacionado con los llamados falsos positivos.
Durante la instalación de la audiencia, más de 80 víctimas acreditadas ingresaron al recinto con fotografías de sus familiares asesinados y desaparecidos. Las imágenes fueron ubicadas en un árbol de memoria dispuesto en el auditorio como acto de dignificación y recuerdo. El universo de víctimas reconocidas en este subcaso asciende a 462 personas.
Responsabilidad aceptada
Según la JEP, los comparecientes, que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR), el Gaula Militar Meta y la VII Brigada, aceptaron responsabilidad por 209 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2007, entre ellos los de 10 menores de edad.
En su intervención, Saavedra afirmó que detrás de las víctimas “no había combatientes ni enemigos” y reconoció que la presión institucional por mostrar resultados terminó consolidando prácticas criminales. Explicó que las unidades eran comparadas por el número de bajas reportadas, mientras que los comandantes eran evaluados y reconocidos por la cantidad de muertos que producían.
“Poco a poco empezamos a medir los resultados por la cantidad de muertos”, señaló el oficial retirado, quien admitió haber ejercido presión sobre los comandantes para incrementar los resultados operacionales y haber utilizado expresiones como “tóquela la puerta al vecino” o “en río revuelto ganancia de pescadores”, mensajes que, según dijo, hoy entiende que transmitían la idea de acudir a estructuras paramilitares para obtener resultados.
Reconocimiento de fallos en controles
El excomandante también reconoció que durante su gestión se otorgaron felicitaciones, permisos y otros beneficios a militares vinculados con operaciones en las que se reportaron muertes. Incluso recordó que emitió comunicados felicitando al BIVAR por alcanzar 100 bajas en combate durante 2003.
“Hoy me avergüenzo porque esas bajas corresponden a civiles asesinados. La muerte terminó convirtiéndose en mostrar eficiencia militar”, manifestó.
Saavedra aceptó además su responsabilidad por no ejercer controles efectivos sobre la legalidad de las operaciones. Indicó que tenía la obligación de revisar documentación operacional y verificar la legalidad de los procedimientos, pero reconoció que no lo hizo con el rigor requerido.
Según su declaración, muchas carpetas operacionales contenían documentos alterados, informes falsos y montajes destinados a dar apariencia de legalidad a asesinatos y desapariciones. Pese a la existencia de irregularidades, admitió que no ordenó las inspecciones ni las investigaciones necesarias.
Segunda violencia y connivencia con paramilitares
El oficial retirado también reconoció que, tras los asesinatos, se construía una segunda violencia consistente en presentar a las víctimas como integrantes de grupos armados muertos en combate mediante informes falsos, documentos amañados y la supuesta incautación de armas o material de guerra.
“Reconozco que mi responsabilidad no se limita a no haber impedido las muertes; también soy responsable por no haber impedido que esas muertes fueran ocultadas mediante falsedades que destruyeron la dignidad de las víctimas y prolongaron el sufrimiento de sus familias”, afirmó.
Saavedra aceptó que bajo su mando existió connivencia entre integrantes del BIVAR y estructuras paramilitares del Bloque Centauros. Señaló que hubo denuncias y señales que debieron alertarlo sobre esas relaciones ilegales, pero reconoció que no actuó con la firmeza necesaria ni ordenó las investigaciones correspondientes para desmontarlas y proteger a la población civil.
Declaraciones de la JEP
La diligencia es presidida por el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, relator del Subcaso Meta del Caso 03, junto con los magistrados Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, y Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.
“Lo que observamos son alusiones en lo que diversos espacios se ha catalogado como una política de Estado detrás del paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Estos crímenes obedecieron a una criminalidad de sistema y, en ese sentido, no fueron manzanas podridas o personas desubicadas, si no que fue un sistema que implica una planeación, ejecución y encubrimiento como lo han señalado los comparecientes”, dijo el magistrado Parra.
La audiencia continuará con las intervenciones de las víctimas, quienes podrán exponer los impactos de los crímenes, formular demandas de verdad y reconocimiento, y presentar propuestas restaurativas que serán consideradas en las siguientes etapas del proceso ante la JEP.
