La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 39 exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), quienes estuvieron vinculados con asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en el Valle de Aburrá, Antioquia, entre 2004 y 2008.
Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concedió a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, figura prevista por la JEP para quienes no fueron identificados como máximos responsables y cumplieron con las condiciones del sistema transicional. Esta medida implica la eliminación de antecedentes penales, el levantamiento de órdenes de captura y el archivo de investigaciones disciplinarias relacionadas con estos hechos.
Hechos y reconocimiento de responsabilidad
Según la JEP, los exmilitares estuvieron involucrados en 10 hechos en los que 18 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas de manera fraudulenta como guerrilleros o integrantes de grupos armados muertos en combate. Antes de conceder el beneficio, la JEP verificó que los comparecientes cumplieran con el régimen de condicionalidad, es decir, que aportaran verdad plena y detallada, reconocieran su responsabilidad, participaran en acciones de reparación a las víctimas y asumieran compromisos de no repetición. También realizaron actos de dignificación y ofrecieron disculpas a los familiares de las víctimas.
Comparecientes sin antecedentes en justicia ordinaria
El tribunal destacó que 29 de los 39 comparecientes nunca habían sido investigados, procesados o condenados por estos hechos en la justicia ordinaria, pero ante la JEP admitieron por primera vez su participación y reconocieron su responsabilidad en cada uno de esos casos.
Ruta No Sancionatoria
La jurisdicción explicó que estos comparecientes no fueron considerados como máximos responsables porque no tuvieron un papel determinante en el diseño o ejecución de los patrones criminales investigados, razón por la cual hicieron parte de la denominada Ruta No Sancionatoria, con la que la JEP busca resolver la situación jurídica mediante un proceso restaurativo, garantizando los derechos de las víctimas.
