JEP impone primera sanción alternativa a oficial por falsos positivos
JEP sanciona a oficial por 31 falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso la primera sanción alternativa a un oficial del Ejército dentro del Caso 03. El teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán fue condenado por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos ocurridos en los departamentos de Casanare y Boyacá.

Detalles de la condena

La condena, de 5 años, 9 meses y un día de prisión, fue dictada por la JEP al teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán por su participación en 31 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006. Los hechos tuvieron lugar en el norte de Casanare y el suroriente de Boyacá, mientras el oficial se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.

Perfil de las víctimas

Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad, originarias de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander. La JEP señaló que durante el periodo de comandancia de León Durán, el 94,8 % de los resultados reportados por el batallón fueron ilegítimos. Incluso, la unidad llegó a registrar el mayor número de bajas dentro de la Brigada XVI.

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Aceptación de responsabilidad

Aunque inicialmente negó los hechos y su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, en 2025 el oficial decidió aceptar su responsabilidad. Durante una audiencia realizada en Yopal, reconoció que su firma en las órdenes de operaciones permitió que se ejecutaran los crímenes. “Yo emití la orden, daba una orden por escrito, y al dar esa orden, yo abría la puerta para que sucediera esto. Si yo no hubiera dado esa firma, no se hubiera presentado la pérdida de su ser querido. Firmé, y al firmar, mis hombres estaban autorizados. Yo soy el responsable de esas muertes”, afirmó.

Próximos pasos

La sentencia podrá ser apelada por las víctimas. Una vez quede ejecutoriada, se deberá establecer la disponibilidad de establecimientos militares para definir cuándo y dónde comenzará a cumplir la condena.

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