El juez 30 Civil del Circuito de Bogotá declaró en desacato al representante a la Cámara Miguel Polo Polo por no cumplir la orden de la Corte Constitucional de ofrecer disculpas públicas a las Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) por sus acciones contra la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”.
Sanción impuesta
El despacho ordenó tres días de arresto y una multa equivalente a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes. En la decisión se estableció: “Declarar a Miguel Abraham Polo Polo en desacato por haber incumplido la orden de tutela proferida por la Honorable Corte Constitucional”.
Se libró oficio a la Sección de Capturas de la Policía Nacional para hacer efectiva la sanción de arresto. Además, el juez impuso una multa que debe pagarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la providencia.
Exigencias de la Corte
El despacho requirió al congresista cumplir de inmediato la orden emitida por la Corte Constitucional el 4 de septiembre de 2025, especialmente las disculpas públicas. Según el fallo, estas deben cumplir íntegramente lo ordenado, “sin introducir fórmulas ambiguas, expresiones revictimizantes ni juicios de valor; y permanecer publicada por un término no inferior a seis meses, en los mismos perfiles de redes sociales utilizados para la publicación inicial”.
Origen del caso
El caso se originó el 6 de noviembre de 2024, cuando Polo Polo, durante una actividad en el Congreso, recogió y desechó públicamente parte de la exposición artística “Mujeres con las botas bien puestas”, organizada por MAFAPO y la Fundación Rinconesarte Internacional. Los accionantes consideraron que esa actuación vulneró sus derechos y los de las víctimas a la paz, la dignidad humana, la verdad y la memoria histórica.
La Corte Constitucional concluyó que la conducta del representante afectó el ejercicio de la verdad extrajudicial como mecanismo de reparación y memoria. Para el alto tribunal, el actuar de Polo Polo impactó a las víctimas y a la sociedad al promover una narrativa que desconoce el deber de recordar y debilita los principios de la justicia transicional.
