La Corte Suprema de Justicia suspendió este viernes la diligencia de indagatoria contra la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú y programó su continuación para el próximo lunes 22 de junio a las 8:00 a.m. La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, confirmó la decisión y mantuvo la medida de privación de la libertad que pesa sobre la congresista en el marco del proceso por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Mientras se retoma el trámite, Peralta permanecerá detenida.
¿Por qué Martha Peralta sigue detenida?
La diligencia, que duró cerca de tres horas, fue suspendida hacia las 5:30 p.m. de este viernes. La senadora pasará el fin de semana recluida en las instalaciones de la Dijín, en Bogotá, hasta que se reanude el procedimiento ante el alto tribunal. La magistrada Lombana había emitido una orden de conducción para garantizar la presencia de Peralta, quien ya había solicitado el aplazamiento de dos diligencias anteriores. La congresista fue llamada a indagatoria luego de que la Corte abriera una investigación formal en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, dentro del expediente que investiga la corrupción en la Ungrd.
Hábeas corpus negado
Antes de la suspensión, la defensa de Peralta presentó un recurso de hábeas corpus argumentando que la privación de la libertad era improcedente. La magistrada Lombana negó el recurso y mantuvo vigente la medida. En su resolución, explicó que la detención no constituye una condena anticipada: "Culminada la diligencia, la medida podría cesar, lo que confirma que no se trata de una detención preventiva ni de una restricción indefinida, sino de un acto instrumental al servicio de la diligencia". Peralta llegó a la Sala de Instrucción en el norte de Bogotá escoltada por la Policía. Antes de ingresar, calificó la medida como "excesiva" y señaló que las investigaciones en su contra obedecen a una supuesta "persecución política".
Caso Ungrd: las acusaciones contra la senadora
En el expediente, Peralta es señalada preliminarmente de haber participado en el direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla para La Guajira, incluyendo una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023 por 2.170 millones de pesos para 7.500 horas de maquinaria y volquetas destinadas a obras de recuperación en Riohacha. La Fiscalía la señala como una de las "articuladoras" de una red en el Congreso que habría ofrecido contratos a cambio de votos para las reformas pensional y de salud del Gobierno Petro. En la audiencia de imputación contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, la Fiscalía detalló que la organización operaba con una división del trabajo previamente pactada: "Cada integrante cumplió un rol delictivo específico e indispensable, sin cuya concurrencia no habría sido posible alcanzar la finalidad propuesta". Según el expediente, Velasco le habría pedido en junio de 2023 al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, apoyar la reforma pensional entregando contratos a congresistas de la Comisión Séptima del Senado, mientras que a Peralta se le atribuye el liderazgo de esa estrategia para asegurar los votos. El caso, que involucra a varios congresistas y exfuncionarios, vuelve a poner a la Corte Suprema en el centro de la coyuntura política antes de las elecciones de 2026. La cita del lunes definirá si la senadora amplía su versión ante la Sala de Instrucción o si la Corte mantiene la presión judicial sobre uno de los expedientes clave del panorama político colombiano.
