Este 17 de junio se cumplen nueve años del atentado con explosivos en el Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, que dejó tres mujeres fallecidas y ocho heridos. El proceso judicial, que ha estado marcado por demoras y controversias, enfrenta el riesgo de prescribir en 2027, según el abogado Francisco Bernate, representante de once víctimas.
El atentado y sus consecuencias
La tarde del sábado 17 de junio de 2017, un explosivo detonó en el baño de mujeres del centro comercial. Las víctimas fatales fueron Ana María Gutiérrez (41 años), Lady Paola Jaimes Ovalle (31 años) y la francesa Julie Huynh (23 años), quien realizaba servicio social en la ciudad. El atentado generó conmoción nacional, dudas sobre la seguridad y alertó sobre la presencia de grupos armados en Bogotá. Entre los heridos se encontraban Ingrid Margarita Ramírez, Luis Roberto Velázquez Bernal, Nathalie Nadine, Yuri Belly Céspedes Martínez, Jenny Marcela Sepúlveda Gallego y Edila del Pilar Hormiga.
Capturas y liberaciones
Dos semanas después del ataque, las autoridades capturaron a diez presuntos implicados. Sin embargo, ocho de ellos quedaron libres entre 2018 y 2020 por falta de pruebas. Los procesados siempre defendieron su inocencia, alegando que la investigación fue un montaje. Entre los liberados están Lina Jiménez, Boris Ernesto Rojas Quijano, Lizeth Johana Rodríguez Zárate, Andrés Mauricio Bohórquez Florez, Alejandro Méndez Molano, Natalia Trujillo Novoa, César Andrés Barrera Téllez y Juan Camilo Pulido Rivera, a quienes la Fiscalía señaló de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).
La defensa de los acusados sostuvo que la Fiscalía cometió errores y dilaciones, como la devolución del escrito de acusación y la falta de entrega de pruebas. Los acusados estuvieron tres años privados de la libertad sin condena firme, y su liberación se basó en el principio de presunción de inocencia. Hechos como la recaptura de César Becerra y Christian Sandoval al día siguiente de ser liberados, por rebelión, fueron considerados por sus defensas como maniobras para mantenerlos presos sin pruebas contundentes.
La hipótesis del ELN y el caso de Violeta Arango
El abogado Francisco Bernate señaló que la investigación apunta a una “célula de terrorismo urbano con presuntos vínculos con el ELN”. La figura de Violeta Arango Ramírez, alias “Violeta”, es la única contra quien la Fiscalía dice tener pruebas contundentes. Actualmente, Arango está prófuga tras ser nombrada gestora de paz del ELN y recuperar la libertad. En 2022 fue capturada y enviada a la cárcel, acusada de obtener los planos del centro comercial días antes del atentado y participar en la movilización de explosivos. Enfrenta cargos por terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado y rebelión.
Balance a nueve años
Bernate afirmó que el principal proceso judicial contra los primeros capturados está estancado, a pesar de contar con un principio de oportunidad, videos de seguridad y otros elementos probatorios. El caso podría prescribir en junio de 2027 sin sentencia. El abogado criticó la falta de reparación integral y acompañamiento a las víctimas, quienes sufren secuelas físicas como amputaciones y afectaciones auditivas, además de una profunda sensación de injusticia y abandono.
“Las víctimas no solo cargan con las secuelas físicas del atentado, sino también con una profunda sensación de injusticia y abandono”, concluyó Bernate. El caso del Andino se perfila como otro episodio de impunidad en Colombia, mientras las víctimas siguen esperando respuestas.
