Madrid, 4 jun (EFE).- El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra el senador del PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario (Cádiz), Alfonso Carlos Moscoso, por proponer como jueza de paz a su esposa, quien también está afiliada al partido. La magistrada Susana Polo será la encargada de investigar la querella de la Fiscalía, admitida a trámite por el Supremo, que también se dirige contra la mujer por un presunto delito de prevaricación.
Antecedentes del caso
El Supremo abre causa contra ambos debido al aforamiento que Moscoso posee como senador. Su esposa no goza de esta prerrogativa, pero la Sala considera que los hechos son inescindibles, por lo que también la incluye en el procedimiento. En el auto, conocido este jueves, el Supremo recuerda que el Reglamento de los jueces de Paz y la Ley Orgánica del Poder Judicial determinan que los magistrados no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, en consonancia con la Constitución.
Detalles de la querella
La Fiscalía relata que en noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario anunció mediante edicto la elección de juez de paz. Ningún ciudadano de la localidad, que cuenta con 464 habitantes, manifestó interés en ocupar el cargo. La esposa del alcalde, afiliada al PSOE desde octubre de 2007, presentó su solicitud. El 30 de marzo de 2023, el pleno de la corporación aprobó por unanimidad la única candidatura, la de esta mujer, y elevó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuya Sala de Gobierno acordó su nombramiento el 4 de julio de ese año.
Actuación como jueza de paz
Durante el tiempo en que ejerció como jueza de paz, la mujer no dejó de asistir a actos públicos del PSOE, según la Fiscalía. En mayo de 2025, renunció al cargo. Para el Supremo, los hechos imputados al alcalde, de quien provino la propuesta de nombramiento, podrían constituir un delito de prevaricación, que castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para un cargo público a alguien sin los requisitos legales.
Consecuencias legales
El Código Penal también castiga a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión sabiendo que carece de los requisitos exigibles, lo cual sería imputable a la mujer. El auto indica que para ser aprobado el nombramiento, la mujer presentó una declaración jurada en la que afirmaba que no tenía incompatibilidades para el cargo, ya que su profesión era la de sanitaria.
La Sala destaca que los delitos cuya instrucción se acuerda buscan fortalecer la independencia del Poder Judicial, incluyendo a los jueces de paz, y que desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista es esencial en un Estado de Derecho, definido por la Constitución. EFE
