La salud se ha convertido en la principal preocupación de los colombianos en 2026, superando a la corrupción y a problemas históricos como la inseguridad o el desempleo. Sin embargo, detrás de esta percepción ciudadana emerge otro fenómeno que ayuda a explicar el creciente malestar de los usuarios: las brechas presupuestales y los retrasos en la financiación de servicios y tecnologías de salud que se han acumulado en los últimos años.
La combinación de ambos factores quedó en evidencia tras la divulgación del primer estudio independiente de percepción sobre el sistema de salud y de un análisis sobre la evolución de los Presupuestos Máximos de Así Vamos en Salud, mecanismo clave para financiar servicios no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La encuesta revela que la salud es el problema más grave
La encuesta, desarrollada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y Eureka Group, encontró que el 26,1% de los colombianos considera que la salud es hoy el problema más grave de Colombia. La corrupción aparece en segundo lugar con 19,8%, mientras que otros asuntos tradicionalmente asociados con el debate público registran porcentajes considerablemente menores.
El resultado adquiere relevancia porque, según el documento, “No se veía este nivel desde la pandemia de 2020”. La afirmación refleja el peso que ha ganado la salud en las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos y la forma como las experiencias de atención están moldeando la percepción sobre el desempeño del sistema.
La investigación también deja ver que el deterioro no se percibe de manera homogénea. Los mayores niveles de inconformidad se concentran entre los afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, quienes reportan más dificultades para acceder a servicios, mayores gastos de bolsillo y más obstáculos para recibir medicamentos formulados.
Diferencias en la experiencia de pacientes según EPS
Las diferencias entre usuarios de EPS intervenidas y no intervenidas aparecen de forma consistente a lo largo de toda la encuesta. Cuando se preguntó si habían recibido el servicio médico que necesitaban, el 49,5% de los afiliados a EPS no intervenidas afirmó haberlo obtenido sin dificultades. Entre los usuarios de EPS intervenidas, la cifra descendió hasta el 33%.
La brecha también se observa en los casos donde la atención nunca llegó. Mientras el 12,7% de los afiliados a EPS no intervenidas aseguró que no recibió el servicio requerido, el porcentaje aumenta a 18,7% en las entidades intervenidas.
La situación se vuelve aún más evidente cuando se analizan los gastos asumidos directamente por los pacientes. El estudio encontró que el 30,5% de los colombianos tuvo que pagar de su bolsillo para acceder a atención médica. Sin embargo, entre los afiliados a EPS intervenidas la proporción alcanza 38,5%, frente al 22,2% registrado en las EPS no intervenidas.
El dato adquiere especial relevancia porque coincide con una creciente presión financiera sobre los hogares. De acuerdo con la encuesta, cerca del 22% de la población destina más de $500.000 mensuales para cubrir gastos relacionados con servicios de salud.
Dificultades con medicamentos y negación de servicios
Los medicamentos aparecen como otro de los puntos más sensibles. Apenas el 25,3% de los afiliados a EPS intervenidas afirmó haber recibido todos los medicamentos formulados. En las EPS no intervenidas, la proporción llega a 43,5%.
La diferencia es aún más marcada cuando se observa cuántos pacientes terminaron pagando completamente sus tratamientos. El 17,1% de los usuarios de EPS intervenidas aseguró que no recibió ninguno de los medicamentos prescritos y tuvo que adquirirlos por cuenta propia. En las EPS no intervenidas, esa situación afecta al 8,5% de los afiliados.
Las dificultades también se reflejan en la negación de servicios. El 20,6% de los afiliados a EPS intervenidas manifestó haber sufrido alguna negativa en la prestación de un servicio de salud, mientras que en las entidades no intervenidas la cifra es de 10,5%.
La percepción sobre la oportunidad de las citas médicas sigue la misma tendencia. El porcentaje de personas que considera que las consultas se consiguen siempre o casi siempre es mayor entre quienes pertenecen a EPS no intervenidas, mientras que los afiliados a entidades intervenidas reportan más dificultades para acceder oportunamente a la atención.
Brechas financieras en los Presupuestos Máximos
Aunque la encuesta mide la percepción ciudadana, el análisis de los Presupuestos Máximos elaborado por Así Vamos en Salud aporta elementos que ayudan a entender el contexto financiero detrás de esas experiencias.
El informe sobre la evolución de este mecanismo revela que desde 2022 se vienen registrando rezagos presupuestales, insuficiencias en la apropiación de recursos y retrasos en el reconocimiento de obligaciones. Según el documento, durante varios años los recursos asignados inicialmente resultaron insuficientes para cubrir las necesidades reales de financiación, obligando a realizar adiciones presupuestales y ajustes posteriores.
La situación se hizo más visible a partir de 2023. Las diferencias entre el presupuesto inicial y el presupuesto final comenzaron a crecer aceleradamente, especialmente en el régimen contributivo.
En 2024, la brecha alcanzó $1,95 billones en el régimen contributivo y $820.000 millones en el subsidiado. Para 2025, las diferencias siguieron ampliándose hasta llegar a $2,70 billones y $1,07 billones, respectivamente.
Estas cifras son relevantes porque los Presupuestos Máximos financian tecnologías, medicamentos y servicios que no están cubiertos por la UPC. Cuando los recursos son insuficientes o llegan tarde, las presiones financieras se trasladan a EPS, hospitales, clínicas, gestores farmacéuticos y proveedores.
El informe señala que la apropiación inicial de recursos ha sido incapaz de responder plenamente a las necesidades reales del sistema. En varios casos, las adiciones presupuestales se realizaron durante la vigencia y no desde la planeación inicial.
La magnitud de los ajustes alcanzó uno de sus niveles más altos en 2024. Ese año no existían recursos apropiados inicialmente para cubrir ajustes de vigencias anteriores, pero al cierre del ejercicio fue necesario incorporar $2,01 billones adicionales.
Retrasos en pagos y ejecución presupuestal
El análisis financiero también muestra que las dificultades no se limitan a la suficiencia de recursos. La oportunidad en el flujo del dinero aparece como otro desafío relevante.
De acuerdo con el documento, en promedio solo el 77,6% de los recursos reconocidos se paga dentro de la misma vigencia. El porcentaje restante termina trasladándose a años posteriores.
En algunos casos, obligaciones reconocidas en 2021 continuaron pagándose durante 2023 y 2024. Situaciones similares ocurrieron con recursos correspondientes a 2022 y 2023, cuyos desembolsos se extendieron varios años después de haber sido reconocidos.
El informe advierte que estos retrasos generan acumulación de obligaciones y presiones de liquidez en toda la cadena de prestación de servicios. En consecuencia, las tensiones financieras no afectan únicamente a las entidades aseguradoras, sino también a hospitales, clínicas, proveedores de tecnologías y gestores farmacéuticos.
La ejecución presupuestal también comenzó a mostrar señales de deterioro. Mientras entre 2020 y 2023 el nivel de ejecución del presupuesto máximo se mantuvo cercano al 100%, en 2024 descendió a 91,4% y en 2025 cayó hasta 56%.
Para los autores del análisis, esta situación refleja una ruptura entre la apropiación presupuestal y la ejecución efectiva de los recursos disponibles.
Advertencias de la Corte Constitucional y perspectivas para 2026
Las advertencias coinciden con las observaciones realizadas por la Corte Constitucional. El informe recuerda que el Auto 2049 de 2024 concluyó que los recursos destinados a financiar los Presupuestos Máximos no fueron oportunos ni suficientes para garantizar plenamente el derecho a la salud.
La decisión judicial señaló un incumplimiento general del componente de suficiencia financiera de este mecanismo y ordenó acciones para corregir los retrasos acumulados en el reconocimiento y pago de recursos.
Las preocupaciones se extienden ahora hacia 2026. El análisis estima que el año comenzó con una apropiación cercana a $1,9 billones para financiar los Presupuestos Máximos, una cifra que estaría muy por debajo de los recursos requeridos para cubrir las necesidades reales del sistema.
Según las proyecciones incluidas en el documento, podrían requerirse entre $2,2 billones y $2,5 billones adicionales para cerrar la brecha durante la vigencia actual.
En ese contexto, los resultados de la encuesta adquieren una dimensión más amplia. El aumento de los gastos de bolsillo, las dificultades para obtener medicamentos, las demoras en las citas y las negaciones de servicios aparecen en un escenario donde las brechas financieras del sistema se han ampliado durante varios años consecutivos.
“La evidencia muestra un sistema deteriorado y un paciente que pide mejoras, no demolición”, destacan. La afirmación surge en un contexto donde los ciudadanos identifican problemas crecientes en su experiencia de atención, mientras los informes financieros muestran que las presiones presupuestales continúan acumulándose sobre los mecanismos que sostienen el funcionamiento del sistema de salud colombiano.
