En el Consejo de ministros celebrado la noche del martes, 16 de junio, Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), informó que, tras una investigación, su equipo descubrió una serie de hallazgos que evidencian “un entramado criminal al interior del sistema de salud”, relacionado con una de las EPS más grandes del país, que agrupa a 3,5 millones de colombianos. Aunque no reveló el nombre de la EPS, ya que el miércoles presentará la denuncia formal ante la Fiscalía General, aseguró que se trata de una red en la que participan 168 actores en un “mecanismo que ocultó pasivos de fondos públicos”.
Detalles del informe de inteligencia
Mejía afirmó contar con un informe de inteligencia de aproximadamente 130 páginas que detalla, con nombres propios, a las personas que supuestamente han participado en este entramado, en el que también figuran 17 IPS (clínicas y hospitales). El funcionario señaló que tienen identificados a los representantes legales principales y suplentes, así como a las juntas directivas. Además, indicó que hay 43 personas jurídicas y tres entidades financieras involucradas, cuyos nombres no revelará hasta que la denuncia esté en manos de la Fiscalía.
“Encontramos una unión temporal que facilita estas operaciones. Tenemos un grafo que muestra cómo tres personas lograron crear indebidamente una integración vertical que, aunque no es ilegal, sí es indebida y facilita el desfalco. Hablamos de personas naturales que crearon un conglomerado de empresas controladas estratégicamente para mover recursos de EPS a IPS, y de estas a cuentas en Colombia y en el extranjero. Hay hallazgos con los que la DIAN y la Fiscalía pueden actuar con contundencia”, detalló Mejía durante el Consejo de ministros.
Posibles delitos y solicitudes a la Fiscalía
De acuerdo con su presentación, Mejía tiene pruebas de posibles delitos como presunto peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de personas naturales y jurídicas, falsedad procesal y concierto para delinquir, todo con el objetivo de “desfalcar al sistema de salud”. Por estos supuestos delitos, el director de la UIAF solicitará a la Fiscalía, con la que ya se reunió, que investigue a directivos, socios, contadores, revisores fiscales de las IPS y a los “beneficiarios finales: hijos, esposas y familiares de quienes están al frente de la estructura criminal”.
Asimismo, Mejía pedirá el congelamiento preventivo de las cuentas de las personas naturales y jurídicas involucradas, así como el levantamiento del velo corporativo de las empresas que harían parte de la red.
Declaraciones del presidente Petro
Aunque Mejía no mencionó ninguna EPS en particular, al inicio del Consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro aseguró que se habían detectado COP 5 billones del sistema de salud en fondos internacionales, transferidos por un empresario de “operadores de medicinas” con contratos con Coosalud. Petro también afirmó que uno de los interventores de Coosalud designados por la Superintendencia de Salud durante su gobierno estaba involucrado.
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