La concejal de Bogotá Rocío Dussán, tras presentar un derecho de petición ante la Secretaría de Salud, denunció las graves falencias en la vigilancia de los establecimientos estéticos en la capital colombiana. Según los datos obtenidos, entre 2024 y 2026 se registraron 13 personas fallecidas y 174 lesionadas debido a procedimientos estéticos realizados de manera irregular.
Establecimientos sin autorización y quejas acumuladas
La información revelada por la concejal indica que la Secretaría de Salud identificó 686 establecimientos que operaban sin la debida autorización sanitaria. Además, se recibieron 494 quejas relacionadas con posibles irregularidades en estos centros. A pesar de las alarmantes cifras, en los últimos dos años solo se han impuesto tres sanciones en firme contra centros estéticos.
Declaraciones de la concejal
Rocío Dussán expresó su indignación: “Lo que revela este documento es inaceptable. Bogotá no puede seguir enterrando mujeres en nombre de la vanidad institucional. Aquí no falló una sola entidad, falló todo el sistema. Mientras las autoridades se reparten responsabilidades en papel, las ciudadanas siguen entrando a lugares sin control, sin permiso y sin ninguna garantía de salir con vida. Necesitamos acción antes de que haya otra Yulitxa”.
Falta de personal de inspección
Uno de los principales problemas señalados es la insuficiencia de inspectores para supervisar la gran cantidad de establecimientos estéticos, especialmente aquellos que utilizan aparatología de alto riesgo. La denuncia destaca que la ciudad cuenta con un número reducido de funcionarios para realizar estas tareas, lo que dificulta un control efectivo.
Complicaciones reportadas
Entre las complicaciones derivadas de los procedimientos irregulares se encuentran infecciones, hemorragias, embolias, hospitalizaciones y otras afectaciones graves. Estas consecuencias se producen por la falta de condiciones adecuadas en los centros estéticos.
Llamado a un plan de choque
La concejal Dussán hizo un llamado a la administración distrital para implementar un plan de choque que fortalezca la vigilancia. Esto incluye aumentar los operativos, mejorar la coordinación con otras entidades y crear mecanismos para que los ciudadanos puedan verificar si un establecimiento está habilitado antes de someterse a un procedimiento.
