La Superintendencia de Transporte abrió investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en Colombia por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotomultas. Como resultado, más de 5,8 millones de comparendos serán revocados de oficio, según informó el Gobierno Nacional.
La investigación se centra en el incumplimiento de requisitos técnicos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. El punto crítico es el 'concepto de desempeño' emitido por el Instituto Nacional de Metrología, que certifica la confiabilidad de los sistemas. Doce organismos habrían operado sin este concepto, siete usaron conceptos de terceros y 18 lo obtuvieron después de imponer comparendos.
Entre las ciudades investigadas están Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Montería, Sincelejo, Valledupar, Sabaneta, Soledad y Villa del Rosario. Cali concentra el mayor volumen con 2,7 millones de comparendos bajo revisión, seguida de Medellín (717.000), Bogotá (294.000) y Barranquilla (131.000).
El beneficio potencial alcanza a más de 1,4 millones de ciudadanos cuyas multas pendientes serán anuladas. Además, los comparendos ya pagados, que suman más de 1,5 millones, generaron recaudos superiores a 1,05 billones de pesos, los cuales podrían tener que ser devueltos.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que las fotomultas no pueden ser un mecanismo de recaudo fuera de la ley. El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que no actúan contra la seguridad vial, sino contra irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana.
