La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a una pareja que había sido condenada por agredir a un ciudadano británico en Bogotá. Los magistrados criticaron duramente la decisión judicial previa, al considerar que no se valoró adecuadamente la agresión verbal previa ni la necesidad de defensa de los acusados.
Los hechos que originaron el caso
En enero de 2018, Alejandro Sánchez Murillo y Sandra Milena Camacho agredieron físicamente al británico Nicholas Mark Alridge, tras recibir insultos de carácter sexual por parte de este. La Fiscalía los acusó por lesiones personales, y un juzgado de Bogotá los condenó a dos meses de prisión, decisión ratificada por el Tribunal Superior de la ciudad.
La versión de la pareja
Milena Camacho relató que Alridge les gritó: “Pégame, hijueputa colombiano, defiende tu puta patria, colombiano, hijo de puta, eres un bruto, colombiano de mierda, te casaste con una puta, perra colombiana, prostituta. Esa prostituta que está ahí es la puta madre de tu puto hijo”. Además, el británico habría amenazado con hacerle daño al hijo menor de la pareja, que en ese momento tenía ocho años, lo que desencadenó la reacción física.
Las críticas de la Corte Suprema
La Sala de Casación Penal, al revisar el caso en mayo de 2026, encontró que el Tribunal de Bogotá había dado por probada la violencia psicológica ejercida por Alridge, pero no la consideró suficiente para justificar la defensa. La Corte señaló que se trató de un “fenómeno sistemático de discriminación y violencia” y que la respuesta de la pareja fue una legítima defensa ante una agresión ilegítima. Aplicando la perspectiva de género, los magistrados concluyeron que existió una agresión injusta que ameritó la respuesta defensiva.
Absolución y nuevas investigaciones
Con la absolución, la Corte ordenó a la Fiscalía investigar la denuncia que Camacho presentó en 2018 contra Alridge por acto sexual violento. También se compulsaron copias a Migración Colombia para que evalúe el comportamiento del británico y tome las medidas pertinentes, dado que ya había tenido conflictos previos con la pareja, incluyendo quejas por ruido y haber intentado tomar fotos a la mujer cuando se cambiaba de ropa.
La decisión de la Corte Suprema sienta un precedente sobre la valoración de la legítima defensa en casos de agresiones verbales y de género, y critica la actuación de los jueces que no consideraron el contexto de discriminación.
