Una organización criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante más de un centenar de contratos de trabajo falsos ha sido desarticulada por la Guardia Civil española en el sur de España. La red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros (entre unos 5.200 y 12.100 dólares) por sus servicios ilegales.
Operación 'Lutasanol'
La operación, bautizada como 'Lutasanol', fue informada este miércoles por el instituto armado en un comunicado. Ha supuesto la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral.
Registro y evidencia
Se llevó a cabo un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones de la red. Allí se intervinieron abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas sobre la actividad delictiva y dinero en efectivo presuntamente procedente de los cobros a las víctimas.
Modus operandi
Según la investigación, que comenzó el año pasado, los miembros de la organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes para presentar documentación aparentemente legal ante la administración. A cambio, pedían cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros.
Fraude a la Seguridad Social
Los agentes constataron que la organización daba de alta a trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros.
Alcance geográfico
La organización extendía su actividad más allá de la provincia de Almería, donde fue desarticulada. Captaba a personas en Murcia y diversos puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.
Estructura criminal
La estructura contaba con funciones "perfectamente repartidas" entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad al operativo. Se trataba de una activa red criminal "interprovincial" que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de quienes buscaban regularizar su situación administrativa en España.
