Óscar Andrés Pérez Muñoz, exalcalde de Bello en Antioquia, se encontraba privado de la libertad en la cárcel de Itagüí cuando se desató el escándalo de la parranda vallenata organizada por los capos de la paz urbana. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó su traslado a la cárcel de La Dorada, en Caldas, lo que desencadenó una batalla judicial motivada por un presunto “dolor lumbar”.
La parranda vallenata y el traslado
El evento, que tuvo como anfitrión a un guardián del Inpec, generó controversia nacional. Pérez Muñoz, inconforme con su reubicación en La Dorada, interpuso una acción de tutela alegando violaciones al debido proceso, la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad, el arraigo familiar y la salud. Un juez le dio la razón y ordenó al Inpec su retorno a Antioquia.
Argumentos de la defensa
La defensa del exalcalde presentó documentación médica que acredita “afecciones lumbares que generan dolor persistente y limitaciones funcionales relevantes”. Según el escrito, estas condiciones han requerido seguimiento médico periódico, intervención de especialistas y terapias dentro del establecimiento de reclusión de Yarumito.
Respuesta del Inpec
El Inpec respondió a la tutela asegurando que ha respetado el debido proceso y que todas las actuaciones están debidamente soportadas. Afirmó que se han garantizado las exigencias de salud del privado de la libertad, conforme a los dictámenes médicos. “Teniendo en cuenta lo anterior, concluye que el INPEC no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, por lo que solicita que se declare improcedente el amparo constitucional deprecado”, señaló la entidad.
Decisión judicial
El Juzgado Sexto de Familia de Medellín advirtió que el Inpec no supo argumentar por qué mantenía a Pérez Muñoz en La Dorada. “Por lo anterior, cabe destacar que, si bien es cierto que el traslado de personas condenadas es potestativo de la Dirección del INPEC, con base en las normas expuestas; ello no implica que dichos traslados se realicen afectando las garantías procesales de las personas privadas de la libertad”, indicó la jueza. Además, señaló que el Inpec no presentó pruebas de las supuestas irregularidades mencionadas en su respuesta, especialmente sobre la notificación de traslado y una diligencia pendiente. En consecuencia, ordenó el traslado del exalcalde a la cárcel de Yarumito, Antioquia, en un plazo de 48 horas.
Reacciones y nuevas medidas
El Inpec emitió una resolución acatando la orden judicial, pero la premura con que funcionarios de la Policía y la Procuraduría llegaron a la cárcel de La Dorada exigiendo el traslado inmediato ha llamado la atención. El caso continúa bajo investigación por presuntas irregularidades en la resolución y el manejo de la tutela.
