El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este jueves en Luxemburgo que no ha tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), y defendió la "plena honestidad" de la directora del cuerpo, Mercedes González.
"Vuelvo a decir que no he conocido, y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil", declaró Marlaska a su llegada al Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea, celebrado en Luxemburgo.
Negación de reuniones con investigados
Recientemente, el ministro negó, a preguntas de los periodistas, que la directora de la Guardia Civil haya mantenido alguna reunión ni con la exmilitante socialista Leire Díez ni con "cualquier otra" persona de las investigadas en la causa abierta por el juez Pedraz. Este caso investiga el uso de fondos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el partido y el Gobierno.
Marlaska reiteró su confianza en la gestión de Mercedes González y subrayó que no ha habido injerencias en el trabajo de la UCO, unidad especializada en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Contexto de la investigación judicial
La causa, instruida por el juez Alejandro Pedraz, examina presuntas irregularidades en el uso de fondos reservados del PSOE para obstaculizar investigaciones judiciales y policiales. En este marco, se ha cuestionado si altos mandos de la Guardia Civil intentaron influir en las pesquisas de la UCO, algo que Marlaska ha desmentido categóricamente.
El ministro insistió en que no ha tenido constancia de ninguna intromisión y que, de haber existido, habría actuado con firmeza. Asimismo, destacó la labor de la directora del cuerpo, a quien calificó como una profesional honesta y comprometida con la legalidad.
Las declaraciones de Marlaska se producen en un momento de tensión política y mediática en España, donde el caso de los fondos del PSOE ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y policial.
