El Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, anunció este viernes 19 de junio la apertura de investigaciones administrativas y la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras entidades por 65 denuncias de presunto constreñimiento electoral por parte de empleadores. Estas acciones se dan a dos días de la segunda vuelta presidencial.
Detalles de las denuncias laborales
Según el ministro, las denuncias señalan que empleadores estarían utilizando su jerarquía para presionar a trabajadores con el fin de influir en su voto. “Hay delitos tipificados en el código penal que pueden ser sancionados. Hemos expedido más de 10 medidas preventivas y una circular para garantizar la libertad de voto de los trabajadores”, declaró Sanguino. Las denuncias abarcan todo el territorio nacional y afectan a sectores productivos, incluyendo empresas multinacionales y nacionales.
El ministro recordó que estas prácticas, de comprobarse, violan el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Hizo un llamado para que el mundo laboral esté libre de presiones y los trabajadores puedan votar libremente. Sobre las investigaciones, indicó que podrían derivar en sanciones del Ministerio del Trabajo y espera que la Fiscalía actúe penalmente.
Presiones a contratistas estatales
Colombia Compra Eficiente también reportó el jueves 18 de junio posibles prácticas de constreñimiento electoral en entidades públicas. La Agencia Nacional de Contratación Pública informó sobre denuncias de presiones a contratistas para favorecer campañas políticas, especialmente en alcaldías de ciudades capitales de la Costa Caribe. Se habría utilizado canales internos como grupos de WhatsApp para difundir propaganda electoral, condicionando la continuidad de contratos.
Cristóbal Padilla, vocero de la entidad, anunció la conformación de un equipo jurídico para revisar la información y coordinar acciones con las entidades investigadoras. Además, solicitaron acompañamiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para evitar que las compras públicas sean usadas como herramientas de interferencia electoral.
Denuncias en redes sociales
Usuarios en redes sociales han reportado casos de presiones electorales. La periodista María Fernanda Aristizábal publicó en X una imagen de un cartel en Planeación Nacional que supuestamente buscaba intimidar a servidores públicos. La Silla Vacía informó que la campaña de Iván Cepeda tiene 1.051 funcionarios y contratistas inscritos como voluntarios, muchos de la Agencia de Tierras. El senador Daniel Briceño reposteó la información. El político Simón Molina pidió investigar una supuesta transferencia de recursos de Fecode a sindicatos regionales.
El ministro Sanguino concluyó que se esperará el proceso institucional para que las investigaciones avancen y se apliquen las sanciones correspondientes.
