Esconder, retener o hacer desaparecer la cédula de otra persona para impedirle votar lejos de ser una broma es un delito en Colombia, castigado con hasta ocho años de prisión y una multa de hasta 350 millones de pesos, según el artículo 395 del Código Penal.
Protección legal del voto
La legislación busca blindar un derecho que, en teoría, no debería tener obstáculos: el acceso a las urnas. Las autoridades han reiterado en los últimos días el llamado a respetar las garantías de participación ciudadana y a evitar conductas que puedan afectar el sufragio, entre ellas la retención ilícita de documentos de identidad de terceros durante la jornada electoral que se aproxima.
Más de 1,4 millones de ciudadanos están en capacidad de votar en el exterior.
Cárcel y multa: lo que dice la ley sobre retener una cédula
El artículo 395 del Código Penal, modificado por el artículo 12 de la Ley 1864 de 2017, tipifica el delito de ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. La norma establece que "el que haga desaparecer, posea o retenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho de sufragio incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años".
A esa pena de prisión, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor, se suma una multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que para 2026 equivale a una cifra que va desde los 87 hasta los 350 millones de pesos.
La sanción aplica a particulares como a servidores públicos, aunque para estos últimos las consecuencias se extienden más allá de lo penal.
Quiénes pueden cometer este delito durante la jornada electoral
La norma no distingue entre desconocidos y conocidos de la víctima: cualquier persona que oculte, posea o retenga el documento de identificación de otro ciudadano con el propósito de impedirle votar incurre en el delito, sin importar el vínculo que tenga con el afectado ni el momento de la jornada electoral en que ocurra la conducta.
El Código Penal también contempla sanciones para quienes obstaculicen otros procesos de participación. El artículo 396, complementario al 395, castiga a quien impida o dificulte la inscripción de candidatos o listas en elecciones populares.
Cuando es un servidor público quien incumple, dilata o entorpece esa función, la pena se traduce en inhabilidad para ejercer cargos públicos por un tiempo equivalente al doble de la sanción impuesta.
La misma lógica aplica a plebiscitos, referendos, consultas populares y revocatorias del mandato, lo que amplía el espectro de protección normativa más allá de las elecciones presidenciales.
Así protege la ley el voto de los 41 millones de colombianos habilitados
Las autoridades electorales han insistido en que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto, ya sea en formato físico o digital, y que ninguna persona está autorizada para retenerla sin una justificación legal.
Tampoco está permitido sufragar con contraseña, lo que convierte la conservación del documento en un requisito indispensable para acudir a las urnas.
El potencial electoral nacional para esta segunda vuelta presidencial alcanza los 41.421.973 ciudadanos, de los cuales 1.414.661 son colombianos residentes en el exterior y también están facultados para ejercer su derecho al voto.
Para votar, los ciudadanos deben ser mayores de 18 años, contar con su cédula de ciudadanía y estar inscritos en un puesto de votación autorizado.
Este contenido fue reescrito con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de la periodista.
