Los bonos TES en Colombia se ubicaban cerca de 12,33%, por encima de la tasa de intervención del Banco de la República, situada en 11,25%, según la gráfica compartida por Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria.
El dato volvió a poner sobre la mesa el costo de financiación del Gobierno colombiano. Para Campos, el punto central no está solo en el movimiento reciente de los títulos, sino en el costo de haber financiado al Estado durante buena parte del periodo a tasas cercanas al 12%.
Contexto de los bonos TES
La gráfica compartida por Campos muestra una caída reciente de los TES después de la primera vuelta presidencial, marcada el 29 de mayo de 2026. Sin embargo, el análisis del estratega se concentra en la sostenibilidad de endeudarse a niveles que considera difíciles de mantener en el tiempo.
TES y costo de financiación
Los TES son títulos de deuda pública que emite el Gobierno para financiarse. Cuando su tasa sube, el mercado exige una mayor rentabilidad para comprar esa deuda; cuando baja, el costo de financiación puede aliviarse.
En el gráfico compartido por Campos en redes sociales, la referencia de los TES a 10 años aparece en 12,33%, mientras la tasa del Banco de la República se ubica en 11,25%. La comparación refleja que el costo de la deuda de largo plazo se mantiene por encima de la tasa de política monetaria.
Campos plantea que Colombia ha tenido un gobierno financiándose buena parte de su período a tasas cercanas al 12%. Para el analista, ese nivel es difícil de sostener porque encarece el servicio de la deuda y reduce el margen de maniobra fiscal.
La caída reciente de los TES puede dar un alivio temporal. No obstante, en su lectura, ese movimiento no elimina el problema de fondo: la relación entre el Gobierno y los financiadores de la deuda pública.
El planteamiento de Campos apunta a un principio de mercado. Un Estado necesita compradores para sus títulos y esos compradores demandan confianza, reglas claras y señales institucionales que permitan financiar al país en condiciones razonables.
Confianza de los inversionistas y deuda pública
Para Campos, ningún gobierno puede ser sostenible si trata a quienes compran su deuda como enemigos. La advertencia no se limita a una discusión ideológica, pues aplica, según su lectura, sin importar el espectro político del gobierno.
Su idea central es que la credibilidad tiene precio. Cuando la confianza de los inversionistas se deteriora, el país termina pagando más caro por endeudarse. Ese mayor costo no se queda en una pantalla de mercado: se traslada a las cuentas públicas.
El analista también cuestiona el uso recurrente de explicaciones como el “complot” o el aprovechamiento de “grietas económicas” para justificar decisiones fiscales. Allí ubica prácticas como canjes de deuda reiterados y presiones sobre decisiones institucionales. En el mismo frente, menciona la posibilidad de romper la regla fiscal con argumentos excepcionales.
Campos también pone el foco en la calidad técnica del Gobierno. A su juicio, se requieren ministros y equipos con conocimiento suficiente para contener o matizar decisiones presidenciales que puedan generar ruido en los mercados. Ese punto introduce una dimensión de gestión pública. Para el gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, no basta con una agenda política: se necesita gente idónea, respetada y capaz de administrar el impacto económico de las decisiones oficiales.
Banco de la República y poder adquisitivo
Uno de los señalamientos más sensibles del análisis está relacionado con el Banco de la República. Campos advierte que no se debe obligar al Emisor a estar “en armonía” con el Gobierno. Para el analista, la relación debe funcionar al contrario. Las políticas del Gobierno deben ser compatibles con la defensa del poder adquisitivo de los colombianos, que es el mandato central del banco central.
Esa lectura conecta la discusión de los TES con el papel institucional del Banco de la República. La tasa de intervención, ubicada en 11,25%, aparece como referencia frente al costo de la deuda pública de largo plazo. El análisis de Campos no plantea que el Banco de la República haya sido obligado a actuar de una manera específica. Su advertencia se concentra en preservar la independencia del Emisor y en evitar presiones que puedan afectar su mandato.
La discusión fiscal, monetaria y de deuda se cruza en un mismo punto: la credibilidad. Para financiarse mejor, el Estado necesita que sus decisiones sean leídas como consistentes con estabilidad, disciplina y respeto institucional. Campos resume el riesgo con una idea de cierre: el costo social de endeudarse a tasas insostenibles “llega después, y llega peor”. En su lectura, ningún logro fiscal, social o político es sostenible si se paga con deuda cara.
