Las pérdidas económicas por hurto de cables y vandalismo contra la infraestructura eléctrica de EPM alcanzan los $25.000 millones en lo corrido de 2026, superando ampliamente las inversiones en reparaciones de los dos años anteriores. Más de 763.000 usuarios entre hogares, comercios e industrias en Antioquia y el Valle de Aburrá han sufrido interrupciones del servicio debido a estos ataques.
Impacto económico y zonas más afectadas
La empresa advirtió que el incremento de estos delitos compromete la continuidad del servicio y obliga a destinar recursos extraordinarios. Los principales casos se concentran en Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, además de Medellín y municipios como Bello, Caldas, La Estrella y Envigado, donde las redes de distribución son blanco de organizaciones dedicadas al hurto de cobre para mercados ilegales.
Costos de reparación superan inversiones recientes
Entre 2024 y 2025, EPM destinó más de $7.200 millones para reparar infraestructura afectada. Solo en los primeros meses de 2026, los daños en la red subterránea se valoran en cerca de $25.000 millones. Cada ataque obliga a intervenir transformadores, luminarias, medidores, acometidas y otros equipos. La reposición de un kilómetro de cable de media tensión cuesta aproximadamente $550 millones y puede tardar hasta 14 meses.
Otras formas de vandalismo agravan la situación
EPM reportó vertimientos de aceites, pinturas, solventes y residuos en cámaras subterráneas, lo que reduce la vida útil del cableado y dispositivos eléctricos.
Interrupciones del servicio afectan a usuarios y empresas
Más de 763.000 clientes han resultado afectados, con suspensiones promedio de 24,6 horas por evento. Esto impacta hogares, comercios e industrias que requieren electricidad permanente. La empresa advierte que el hurto de cables de media tensión y ataques a subestaciones del Valle de Aburrá representan un riesgo para la confiabilidad del sistema, pudiendo causar interrupciones masivas si varias instalaciones resultan afectadas simultáneamente.
Declaraciones de directivos y consecuencias regulatorias
Jorge Cerezo Restrepo, gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM, afirmó: "Estas acciones no solo afectan la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que obligan a realizar inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura dañada, recursos que podrían destinarse a su modernización, expansión y al desarrollo de las comunidades". Agregó que estas inversiones inciden en los costos reconocidos por la CREG, lo que puede traducirse en incrementos en las facturas del servicio. "Cuando se atenta contra la infraestructura de servicios públicos, las consecuencias las asumimos todos", señaló.
Medidas para proteger la infraestructura y judicializar responsables
EPM ha fortalecido la protección mediante monitoreo permanente, barreras físicas, rediseño de tapas de seguridad, sistemas de alarma y controles de acceso. Trabaja con autoridades para identificar y judicializar a los responsables, quienes podrían enfrentar penas de hasta 21 años de prisión por hurto calificado y agravado, y daño en bien ajeno (artículos 240, 241 y 265 del Código Penal Colombiano). La empresa reitera el llamado a la ciudadanía para reportar intervenciones sospechosas a través de una línea de WhatsApp habilitada.
