El excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ha manifestado este miércoles ante un juez de la Audiencia Nacional su negativa a ser extraditado a Argentina. La Justicia argentina lo reclama en una causa por delitos de lesa humanidad.
En una comparecencia celebrada por videoconferencia ante el juez Ismael Moreno, Verdú Torrelles expresó que no consiente su entrega a las autoridades argentinas, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.
Derivación del caso a la Sala de lo Penal
El caso será remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en los próximos meses convocará una vista para analizar la solicitud de extradición. Este procedimiento sigue el curso habitual que se aplica a este tipo de peticiones.
La Justicia argentina presentó en febrero su solicitud de extradición tras tener conocimiento de que Verdú Torrelles se encontraba en España. Desde 2023, Argentina tramita una causa contra el Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, basada en una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
Jurisdicción universal y denuncias
La denuncia se interpuso en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar delitos graves contra los derechos humanos sin importar el lugar de comisión ni la nacionalidad del autor o la víctima.
En junio de 2023, la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ) presentó otra denuncia ante la Justicia Federal argentina, solicitando la investigación de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. Esta denuncia se centró en dos homicidios cuyas identidades se mantuvieron en reserva para proteger a los familiares.
InterJust, que este año reemplazó a CFJ en la representación de los querellantes, reveló que una de las víctimas es Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años asesinada por agentes de la GNB en febrero de 2014 en el estado de Carabobo durante una manifestación. Según InterJust, Verdú Torrelles era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y lideraba el operativo en las protestas.
El otro caso corresponde a J.A.M.F., quien el 19 de febrero de 2014 grabó con su móvil la represión de una protesta pacífica en Caracas. Al ser descubierto, fue perseguido y recibió disparos sin ser herido, pero fue capturado y golpeado sin resistencia, sufriendo lesiones que lo llevaron al hospital, donde continuó la agresión y falleció cuatro días después.
Las denuncias del FADD y de InterJust son tramitadas por el Juzgado Federal N° 2 de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.
En septiembre de 2024, Ramos ordenó la captura internacional de Nicolás Maduro, de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, de Justo José Noguera Pietri y de otros trece funcionarios por crímenes de lesa humanidad cometidos de forma generalizada contra la población civil desde al menos 2014. Tras la captura de Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero, el juez Ramos solicitó el 4 de febrero a Estados Unidos la extradición del expresidente a Argentina.
