Bangkok, 11 jun (EFE).- Diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado supuestas irregularidades en el proceso judicial tailandés que, este jueves, condenó a muerte a dos hombres identificados como uigures, una minoría musulmana china, por el atentado ocurrido en 2015 en Bangkok, que dejó 20 fallecidos y más de 120 heridos.
Un proceso judicial plagado de controversias
El caso, que comenzó hace una década en un tribunal militar y luego fue transferido a una corte civil, ha estado rodeado de críticas por parte de distintas ONG desde sus inicios. Estas organizaciones señalan presuntas violaciones a los derechos de los dos condenados, quienes pertenecen a la perseguida minoría musulmana de la región china de Xinjiang.
Mohamed Bilal y Yusuf Mieraili fueron declarados culpables de múltiples delitos, entre ellos homicidio premeditado, cuyo castigo máximo es la ejecución. Durante el proceso, ambos aseguraron que sus primeras confesiones fueron obtenidas bajo coacción y tortura.
Denuncias de tortura y falta de investigación
En este contexto, Sunai Phasuk, asesor de Human Rights Watch en Asia, declaró a EFE que el tribunal y otros organismos “no han investigado las presuntas torturas y malos tratos infligidos” a los acusados tras su detención. De manera similar, Phil Robertson, director de la asociación Asia Human Rights and Labour Advocates, señaló que “este juicio ha sido una sucesión de errores, plagado de repetidas violaciones del derecho de los acusados a un juicio justo e imparcial, y de retrasos excesivos e inexplicables”.
Sunai añadió que “las autoridades tailandesas consideran a los uigures exiliados una amenaza para la seguridad. Quienes se encuentran en Tailandia están sujetos a arresto y deportación a China, lo que pone sus vidas en peligro”.
Vínculos con la deportación de uigures
Una de las hipótesis manejadas en su momento sobre el atentado, perpetrado en el templo hindú de Erawan, popular entre los turistas chinos, fue su posible relación con la deportación, semanas antes, de un centenar de uigures desde Tailandia hacia China, quienes esperaban viajar a Turquía en busca de asilo.
La minoría uigur, emparentada con pueblos de Asia central, es un tema delicado en las relaciones con Pekín, el mayor socio comercial de Bangkok. Numerosas ONG acusan a China de hostigar y detener a uigures en centros de reeducación en Xinjiang, donde Pekín ha acusado a grupos de actividades terroristas.
Reacciones internacionales
Teppei Ono, vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, señaló en un comunicado que “la sentencia de muerte impuesta” agrava “aún más la situación” porque “ahora (los acusados) podrían enfrentarse a la violación de su derecho más fundamental: el derecho a la vida”.
La última vez que Tailandia aplicó la pena de muerte fue en junio de 2018, cuando un joven de 26 años recibió la inyección letal tras ser condenado por robo con asesinato. Según cifras de Amnistía Internacional, hasta marzo de 2025 el país mantenía a 344 hombres y 39 mujeres en el corredor de la muerte, la gran mayoría condenados por narcotráfico.
