Un empresario sevillano de origen gallego, de 81 años, ha logrado evitar una condena de prisión de tres años tras alcanzar un acuerdo con el Estado para saldar una deuda con la Agencia Tributaria que supera los siete millones de euros. El pacto establece que pagará 300 euros al mes durante el resto de su vida.
Detalles del acuerdo judicial
El abogado del empresario, Fernando Osuna, informó a EFE que durante el juicio se confirmó la culpabilidad de su cliente, pero se logró un acuerdo que permitió al tribunal considerar que se cumplían los requisitos para evitar la cárcel bajo ciertas condiciones.
El proceso judicial se inició después de que la empresa del acusado, que llegó a emplear a 300 personas, quebrara debido a problemas financieros agravados por los retrasos en los pagos de la Administración Pública. Tras seis meses de negociaciones, se consiguió un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
Dependencia de la Administración
La empresa dependía en un 93 % de la Administración Pública, lo que generó graves problemas de liquidez. El principal cliente, la Administración, pagaba con un retraso de hasta 12 meses, mientras que la empresa debía afrontar puntualmente salarios y gastos corrientes. Esta situación llevó a la insolvencia y finalmente al concurso de acreedores.
El origen del caso se remonta al impago del IVA declarado en los ejercicios de 2017 y 2018. Hacienda elaboró un Informe Detallado de Delito que sirvió de base para la querella presentada por la Fiscalía.
Prolongado proceso penal
El procedimiento penal se extendió durante cinco años. Inicialmente, las acusaciones solicitaron una pena de cinco años y seis meses de prisión, así como el pago de aproximadamente siete millones de euros entre responsabilidad civil y multa.
Finalmente, tras medio año de negociaciones, se alcanzó un acuerdo de conformidad que establece penas de un año de prisión por el ejercicio de 2017 y dos años por el de 2018. No obstante, se ha suspendido la ejecución de la pena, y el empresario deberá abonar 350 euros mensuales en concepto de responsabilidad civil.
Este caso pone de relieve las dificultades que enfrentan las empresas que dependen casi exclusivamente de la Administración Pública, especialmente cuando los pagos se demoran de forma significativa.
