La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha emitido una sentencia condenatoria contra un hombre por un delito continuado de agresión sexual, cometido contra una clienta con discapacidad en la localidad de A Pobra de San Xiao. La pena impuesta es de 11 años y tres meses de prisión.
Detalles de la sentencia
El tribunal consideró probado que el acusado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien tiene un 65% de discapacidad reconocida, para someterla a diversos actos de carácter sexual entre noviembre de 2023 y abril de 2024. Los hechos ocurrieron en el establecimiento comercial que regentaba el condenado, al que la mujer acudía habitualmente como clienta.
Modus operandi del agresor
Según la resolución judicial, el procesado realizó múltiples llamadas telefónicas para que la denunciante acudiese a la tienda. Una vez allí, llevó a cabo distintas agresiones sexuales, llegando a violarla, a pesar de la oposición manifestada por la víctima en numerosas ocasiones. El tribunal destacó la credibilidad del relato de la mujer, corroborado por testigos e informes periciales.
La sentencia señala que las llamadas reiteradas del acusado eran parte de su estrategia: "La razón que expone es totalmente ilógica e increíble, pues decir que la llamaba para que le dejase en paz es totalmente absurdo, porque bien podría decírselo cuando acudía a la tienda, sin que tengan justificación esas llamadas reiteradas".
Indemnización y medidas adicionales
Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una indemnización de 30.000 euros a la víctima por daños morales. También se le prohíbe acercarse o comunicarse con ella durante 15 años. La sala absolvió al acusado del delito leve de amenazas por el que también había sido juzgado.
Versión del acusado y desarrollo del juicio
Durante la vista oral, el hombre negó los hechos y aseguró que nunca había mantenido relaciones sexuales con la denunciante. Afirmó que era ella quien lo acosaba y que las llamadas eran para pedirle que dejara de insistir. La víctima declaró mediante prueba preconstituida y a puerta cerrada para preservar su intimidad. La Fiscalía había solicitado inicialmente 13 años de prisión por un delito de violación continuada, pero la Audiencia Provincial concluyó que existían pruebas suficientes para condenar por agresión sexual continuada, imponiendo 11 años y tres meses de cárcel.
