Las conversaciones sobre las leyes migratorias impulsadas por el expresidente Donald Trump se reanudarán este martes en el Capitolio de Estados Unidos. El debate ha estado marcado por la falta de consensos, especialmente en torno a la aprobación de una financiación de 70.000 millones de dólares destinada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza.
Trump había presionado para que se aprobara antes del 1 de junio el financiamiento necesario para mantener operativos al ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta el final de su mandato. Sin embargo, ese plazo no se cumplió debido a la reacción de los senadores republicanos, quienes se mostraron indignados tras el anuncio del Departamento de Justicia sobre la creación de un fondo para compensar a aliados de Trump que fueron juzgados durante el gobierno de Joe Biden, por un monto de 1.800 millones de dólares.
El controvertido fondo de compensación
La iniciativa, conocida como “Fondo Antipolitización” o “Fondo contra la Instrumentalización”, busca reparar a quienes, según la administración republicana, fueron víctimas del uso político de la justicia por parte del Departamento de Justicia de Biden. Según funcionarios del gobierno de Trump, la medida tiene como objetivo indemnizar a personas que enfrentaron investigaciones federales por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como a quienes incurrieron en costos legales elevados debido a procesos heredados de la administración de Biden.
No obstante, la iniciativa ha generado una controversia significativa y críticas de diversos sectores. El 28 de mayo de 2026, la jueza federal Leonie Brinkema, de Virginia, suspendió temporalmente el fondo mediante una orden judicial que prohíbe al gobierno transferir dinero, considerar solicitudes, desembolsar cantidades o incluso operar el fondo.
Reacciones en el Congreso
Los senadores republicanos exigen mayores seguridades de que la administración Trump abolirá por completo la iniciativa, tras conocerse que el Departamento de Justicia cumplirá con la orden judicial que suspende temporalmente dicha medida. La controversia se ha extendido más allá de los tribunales, generando rechazo tanto entre senadores demócratas como republicanos. Los críticos señalan que la propuesta utiliza recursos de los contribuyentes para beneficiar a aliados políticos de Trump, mientras que el vicepresidente JD Vance y el fiscal general Blanche defienden la iniciativa como una medida necesaria contra lo que califican como “lawfare” y persecución judicial.
Según dos fuentes cercanas al asunto consultadas por CNN, la administración Trump comunicó a los líderes republicanos del Congreso su intención de eliminar el fondo, aunque persiste la incertidumbre sobre si esta decisión es definitiva o reversible.
Financiación migratoria en vilo
Numerosos senadores indicaron a CNN que no pueden aprobar el financiamiento para la aplicación de las leyes migratorias sin antes tener la certeza de que la iniciativa ha sido cancelada de forma definitiva y no solo pospuesta. Adicionalmente, varios senadores han expresado su oposición a los gastos adicionales solicitados por Trump, particularmente a los fondos destinados a la seguridad del salón de baile que planea construir en la Casa Blanca. Estos legisladores consideran que dicha propuesta es un lujo innecesario y está completamente desconectada de las realidades económicas que enfrentan diariamente sus votantes, quienes luchan con problemas más urgentes como el costo de vida, el empleo y la inflación.
El debate en el Capitolio refleja las profundas divisiones en torno a las políticas migratorias y el uso de fondos públicos, en un contexto donde la administración Trump busca avanzar en su agenda mientras enfrenta resistencias tanto dentro de su propio partido como en la oposición.
