Madrid, 11 jun (EFE).- España dejará de otorgar y renovar la residencia temporal por razones humanitarias a partir de este viernes, cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Esta medida afecta directamente a ciudadanos venezolanos, quienes en los últimos años han sido los principales beneficiarios de este tipo de permiso.
Detalles del cambio normativo
Según una nota informativa del Ministerio del Interior español publicada este jueves, el nuevo marco europeo establece que España "dejará de reconocer y renovar estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional tal y como venía haciendo hasta ahora". Esto implica que quienes poseen actualmente este estatus no podrán renovarlo ni solicitar reagrupación familiar. El Ministerio recomienda a estos ciudadanos solicitar "otras autorizaciones de residencia y trabajo".
Antecedentes y alcance
El Gobierno español implementó en 2018 este permiso especial para venezolanos debido al alto número de solicitudes de asilo y la baja tasa de reconocimiento del estatus de refugiado. Gracias a esta medida, aproximadamente 240.000 ciudadanos venezolanos lograron regularizar su situación en España. Ahora, con la entrada en vigor del pacto europeo, esta vía se cierra.
Nuevo procedimiento en frontera
España aplicará desde mañana un procedimiento de protección internacional en frontera con un plazo máximo de resolución de 12 semanas para migrantes que lleguen en embarcaciones precarias a las costas españolas o sean interceptados en intentos de entrada irregular. Durante el proceso, el solicitante no podrá obtener autorización de entrada al territorio y deberá permanecer en instalaciones habilitadas, aunque no privado de libertad. En caso de denegación de asilo, se procederá al retorno, denegación de entrada o devolución.
El Gobierno español asegura que ha optado por "un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes", incluyendo asistencia jurídica, intervención del ACNUR y la posibilidad de reexamen.
Examen acelerado y triaje
El pacto introduce un nuevo procedimiento de examen acelerado para personas de países con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20% en el conjunto de la UE. Además, por primera vez se establece una regulación europea común sobre el triaje de nacionales de terceros países para reforzar el control, el registro de datos y la detección temprana de vulnerabilidades.
Mientras dure el proceso, los nacionales de terceros países no podrán recibir autorización de entrada y deberán permanecer a disposición de las autoridades. España adaptará su sistema actual con un formulario específico, refuerzo de la detección de vulnerabilidades y un mecanismo de seguimiento independiente a cargo del Defensor del Pueblo.
Mecanismo de solidaridad obligatoria
El paquete normativo incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria. España ha sido identificada como 'Estado miembro bajo presión migratoria', por lo que se beneficiará de aportaciones obligatorias de otros países de la UE. La primera reunión del Foro de nivel técnico de la UE sobre Solidaridad está prevista para el próximo lunes 15 de junio en Bruselas.
Centros de internamiento en terceros países
En el comunicado, Interior subrayó la oposición del Gobierno a la creación de centros de internamiento en terceros países, permitidos por el nuevo reglamento de retorno, y descartó su uso en la gestión migratoria española debido a "serias dudas" sobre su legalidad y proporcionalidad.
Refuerzo de recursos y sistemas informáticos
España asegura haber fortalecido los recursos humanos y materiales de las unidades afectadas, así como el desarrollo de nuevos sistemas informáticos para facilitar la interoperabilidad e intercambio de información entre autoridades policiales, de protección internacional y de acogida. Además, se pondrá en marcha un nuevo Eurodac, el sistema europeo de comparación de impresiones dactilares, que ahora recogerá datos de todas las personas que lleguen de manera irregular a Europa, no solo de solicitantes de protección internacional.
