Barcelona, 3 jun (EFE).- Representantes sindicales de Nissan han exigido este miércoles al Govern que utilice herramientas a su alcance para "tumbar" el ERE para 211 trabajadores presentado por la compañía en Cataluña. En una comparecencia en la sala de prensa del Parlament, representantes del comité de empresa han sostenido que el expediente de regulación de empleo "no responde a una crisis económica" en los centros catalanes, sino a una "deslocalización progresiva".
"Nissan pretende desmantelar de manera silenciosa lo que queda de su tejido industrial en nuestra casa", ha afirmado Raúl Ocón, trabajador de Nissan Recambios y delegado de CCOO. "Nos dicen que son decisiones organizativas a nivel europeo, nos dicen que es por una reestructuración global del plan de rentabilidad de Nissan", pero "los centros de Cataluña son viables y productivos", ha asegurado Ocón.
Por ello, piden al Govern que utilice herramientas de "mediación y fiscalización" para "tumbar este expediente", ha agregado el delegado sindical, que ha advertido de que si no se encuentran soluciones "el conflicto laboral explotará". "No hemos venido a buscar palabras de compasión, hemos venido a exigir implicación política directa y urgente", ha resaltado.
Indemnizaciones propuestas por Nissan
La multinacional propuso el martes que los afectados por el ERE reciban una indemnización propia de un despido improcedente, es decir, 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. En el caso de contratos anteriores a febrero de 2012, la indemnización sería de 45 días por año trabajado con 42 mensualidades como límite, en consonancia con lo previsto por la ley. Para los nacidos antes del 31 de diciembre de 1971, es decir, a partir de los 55 años, Nissan plantea el abono de un plan de rentas hasta los 61 años, aunque no se ha entrado a hablar aún sobre qué porcentaje del salario se les garantizaría durante esos años.
Reacción sindical y próximas movilizaciones
Los sindicatos ven las indemnizaciones planteadas "totalmente insuficientes" y han convocado nuevas movilizaciones para presionar a la compañía. Consideran que el ERE es una maniobra de deslocalización que pone en riesgo el tejido industrial catalán, y exigen una intervención directa del Govern para frenar el proceso. Mientras tanto, la tensión laboral sigue en aumento, con advertencias de que el conflicto podría escalar si no se alcanza una solución satisfactoria para los trabajadores.
