Un juez en el Caribe de Honduras ordenó este miércoles la medida cautelar de detención judicial contra Carlos Mencías, conocido como El Gato Negro, presunto autor intelectual y material del asesinato de 20 personas ocurrido el pasado 21 de mayo en una finca de palma africana. La decisión fue tomada durante una audiencia de presentación de imputados ante el Juzgado de Letras de La Ceiba, según informó a periodistas el portavoz judicial Glen Flores.
Mencías, de 27 años, compareció ante el tribunal que también fijó la audiencia inicial para el próximo 9 de junio. El sospechoso será trasladado a un centro penitenciario no especificado por razones de seguridad, con el objetivo de resguardar su integridad física, precisó el portavoz.
La detención judicial en Honduras es una medida cautelar privativa de libertad que puede ser ordenada por un juez tras la audiencia de imputación. Su duración máxima es de seis días, período en el que debe realizarse la audiencia inicial para determinar si el acusado permanecerá en prisión preventiva.
Captura y antecedentes
Mencías fue capturado el martes en La Ceiba en cumplimiento de una orden judicial. Según informes de inteligencia policial, es considerado el principal sospechoso de planificar y ejecutar la masacre ocurrida en la madrugada del 21 de mayo en el sector de Rigores, en el conflictivo departamento de Colón.
De acuerdo con el expediente oficial, en el ataque participaron hombres vestidos con uniformes policiales que utilizaron pistolas y fusiles de asalto. Las investigaciones, que continúan abiertas para determinar la implicación de otros sospechosos, vinculan el crimen con el robo del fruto de la palma africana en Colón, una región afectada por el narcotráfico y por un histórico litigio de tierras que ha cobrado más de 200 vidas en las últimas décadas.
Conflicto territorial en Colón
La disputa territorial en Colón se remonta a hace medio siglo, tras la venta a grandes empresarios agrícolas de propiedades otorgadas inicialmente a campesinos mediante una reforma agraria. Estos terrenos son hoy reclamados por las nuevas generaciones de campesinos. Según las autoridades locales, este histórico conflicto social se ha recrudecido en los últimos años debido a la infiltración del crimen organizado, el narcotráfico y la injerencia política en la zona.
