Aprovechando las horas de la madrugada, la Alcaldía de Medellín inició el operativo de cerramiento con vallas en los bajos del viaducto del metro en la estación Parque Berrío, lugar donde los trabajadores de la economía popular ejercen su actividad de ventas informales en el centro de Medellín. Esta intervención ocurrió en las primeras horas del martes 7 de julio y se realizó en el marco del inicio de las obras de remodelación de la estación, que a su vez hacen parte de un plan de renovación urbana para el sector del parque. Como respuesta, los vendedores informales y las organizaciones de derechos humanos instalaron un refugio humanitario.
Antecedentes del conflicto en el centro de Medellín
La situación en el Parque Berrío no es reciente. La intervención en este sector del centro de Medellín fue anunciada en febrero de 2026 por el alcalde Federico Gutiérrez y contempla obras en el Parque Berrío, la Plaza Botero, Palacé y el entorno del Metro. Desde entonces, asociaciones de trabajadores informales como Asobolívar y Asoberrío han insistido en que no se oponen al proyecto, pero exigen ser incluidas y no expulsadas de estos lugares. Tras la incertidumbre que generó el proyecto, desde marzo, las organizaciones de la economía popular participaron en mesas de diálogo con la alcaldía de la ciudad para acordar condiciones de reubicación.
La protesta y la respuesta de las autoridades
Esteban Romero, vocero de la Articulación de Territorios Urbanos del Valle de Aburrá, explicó que las organizaciones de derechos humanos que acompañan el proceso de diálogo se enteraron, cerca de las 10:00 p.m. del lunes 6 de julio, sobre la presencia de la Policía en la zona para dar inicio al cerramiento. Ante la situación, varias vendedoras se desplazaron hasta el lugar y se ubicaron junto a las vallas para exigir la reactivación de la mesa de diálogo.
Romero denunció que “la actuación de la UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, conocida antes como ESMAD), fue totalmente contraria a los principios humanitarios que deben primar en la protesta social, puesto que no les dejaban hacer sus necesidades básicas y les solicitaban que se fueran, poniendo en entredicho la legitimidad de la protesta social”. Además, aseguró que se presentaron mensajes de carácter xenófobo dirigidos a la población venezolana que trabaja en el sector y expresiones machistas contra las mujeres que participaban de la protesta.
Según Romero, la protesta se mantuvo durante 20 horas, hasta que, aproximadamente a las 6:00 p.m., la alcaldía aceptó instalar una nueva mesa de diálogo en la que participaron el Metro de Medellín, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín, el concejal del Pacto Histórico José Luis Marín y los representantes de las asociaciones de la economía popular.
Acuerdos alcanzados y denuncias de incumplimiento
Desde “Ciudad Para Quién”, el jueves 8 de julio, anunciaron que, como resultado de la negociación, se logró la reubicación de los vendedores en una zona aledaña al Parque Berrío para mantener la red de trabajo, la entrega de paquetes alimentarios durante seis meses para los trabajadores reubicados, la expedición de un acto administrativo que brinda seguridad jurídica a la reubicación y el compromiso de radicar el próximo año la solicitud de un permiso para trabajar en el espacio público por dos años. Además, se acordó la continuidad de la mesa de diálogo y el compromiso a la no estigmatización de quienes participaron en la jornada de protesta.
Sin embargo, una de las vendedoras informales, Luisa Echeverri, tres días después del operativo, afirmó que “por orden de la Alcaldía de Medellín y el Metro pusieron unas vallas en el sector donde trabajan muchos de los compañeros y estamos a la espera de, supuestamente, una reubicación, pero eso no se ha dado hasta el día de hoy. Hemos entablado mesa, pero no han reubicado a todos los compañeros”.
Echeverri mencionó que el impacto económico que representa este cierre para los vendedores y sus familias es de gran escala, pues los días que pasan sin trabajar mientras esperan una solución equivalen a “arriendo, a la comida, a muchas de las necesidades que tenemos, y todavía estamos esperando para trabajar”.
Exigencias de las organizaciones y la defensa del derecho al trabajo
Las organizaciones que acompañan a los trabajadores insisten en que las obras de renovación urbana no pueden traducirse en el desplazamiento económico de quienes han construido históricamente este territorio. Entre las exigencias planteadas a la Alcaldía de Medellín se encuentran el cumplimiento de la Política Pública de Protección a Moradores, la adopción de medidas que garanticen el derecho al trabajo y el mínimo vital, y el acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital de Medellín.
“No nos oponemos al desarrollo de la ciudad. Exigimos que las obras no se hagan sacrificando el derecho al trabajo y la vida digna de cientos de familias que dependen de la economía popular. La ciudad también se construye con quienes la habitan y trabajan todos los días”, expresó la vocería de los trabajadores del Parque Berrío, quienes al día de hoy todavía esperan que se cumplan las reubicaciones pactadas tras el cerramiento del sector que los acogió por tanto tiempo bajo el viaducto del metro.
