El restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín, permanecerá cerrado hasta el jueves 18 de junio. La medida fue impuesta por la Secretaría de Hacienda de Antioquia como resultado de un proceso administrativo iniciado en 2019.
Origen del cierre
Todo comenzó durante una inspección de inventarios realizada en octubre de 2019. Los funcionarios encontraron una botella de Frangelico, un licor italiano de avellanas, que portaba una estampilla fiscal de Cundinamarca en lugar de la correspondiente a Antioquia. Este hallazgo llevó a la apertura de un pliego de cargos contra el establecimiento en ese mismo mes.
En julio de 2021, la Secretaría emitió una resolución ordenando el cierre temporal del restaurante por diez días. Sin embargo, la medida no se ejecutó hasta el pasado 11 de junio de 2026, cuando las autoridades procedieron a sellar físicamente el local.
Vulneración del debido proceso
El equipo jurídico de Andrés Carne de Res emitió un comunicado en el que cuestiona el procedimiento. La empresa afirma que no tuvo conocimiento formal del proceso ni de las decisiones tomadas antes de la ejecución del cierre. Según la defensa, esto vulneró su derecho al debido proceso y les impidió ejercer los recursos legales en tiempo oportuno.
Además, la compañía sostiene que lo ocurrido con la botella de licor fue un error logístico y no una operación de contrabando sistemático. Por esta razón, interpuso una tutela solicitando una revisión técnica y jurídica del trámite adelantado por la administración departamental.
Reacciones y acciones legales
En el comunicado, el restaurante se dirigió a sus clientes, proveedores y aliados comerciales, asegurando que están adelantando todas las acciones legales para solucionar el inconveniente y regresar a la operación normal. "Lamentamos los inconvenientes generados y agradecemos su comprensión y fidelidad", indicó el restaurante.
El caso ha generado debate sobre la rigurosidad de los controles fiscales y la duración de los procesos administrativos, que en este caso se extendieron por siete años antes de materializarse la sanción.
