El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e, empresa de energía que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, atendiendo a cerca de 1,2 millones de usuarios en la Costa Caribe. La decisión llega después de casi dos años de intervención estatal.
Anuncio presidencial
“Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, escribió Petro en su cuenta de X. Este anuncio representa un giro frente a la estrategia adoptada en septiembre de 2024, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos tomó el control de la compañía para estabilizar sus finanzas y garantizar el servicio.
Petro aseguró que la integración de activos fortalecería la operación eléctrica regional. También defendió el programa Colombia Solar, que cuenta con COP 8 billones aprobados en vigencias futuras para proyectos de autogeneración en la Costa Caribe.
Rechazo de Andeg
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) rechazó la propuesta. Su presidente, Alejandro Castañeda, calificó la medida como “irresponsable e ilegal”. Señaló que la liquidación impediría que Air-e continúe prestando el servicio, comprando o vendiendo energía, y facturando.
Castañeda afirmó que el Gobierno no ha informado qué empresa asumiría la operación en los tres departamentos. “Al momento de hoy, el gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador idóneo”, indicó. También descartó que distribuidoras estatales existentes puedan asumir la operación, debido a su menor tamaño y limitaciones financieras para absorber una empresa que pierde entre COP 150.000 millones y 200.000 millones al mes.
Deudas acumuladas
Al momento de la intervención, las obligaciones de Air-e con generadores rondaban los COP 560.000 millones. Tras la intervención, la deuda siguió creciendo. Andeg y el exministro Amylkar Acosta estiman que Air-e acumula cerca de COP 2,5 billones en obligaciones con generadores, transmisores y otros agentes del mercado eléctrico. De ese total, aproximadamente COP 1,7 billones corresponden a generadores térmicos, claves para respaldar el sistema durante el fenómeno de El Niño.
Castañeda advirtió que una liquidación dejaría esas acreencias sujetas a un proceso concursal y retrasaría los pagos. “Una liquidación básicamente es hacerle conejo a todos los acreedores”, afirmó.
Opinión de expertos
Amylkar Acosta calificó la intervención estatal como un fracaso. “Después de 21 meses de la intervención, ante el fracaso, el presidente Petro, faltándole tres meses para abandonar la Casa de Nariño, anuncia su liquidación”, escribió. Acosta recordó que Air-e acumuló nuevas obligaciones por COP 2,5 billones tras la intervención y advirtió que una suspensión de pagos afectaría a empresas que dependen de esos recursos.
Preocupación de organismos de control
La Contraloría General alertó sobre el deterioro patrimonial de Air-e y pidió medidas urgentes. La Procuraduría solicitó información detallada sobre los resultados de la intervención y el manejo financiero de la empresa. Estas advertencias coinciden con reclamos del sector energético por problemas de liquidez y retrasos en pagos.
Air-e representa cerca del 12 % de la demanda nacional de energía. La definición sobre quién asumirá la operación, cómo se pagarán las deudas y qué recursos financiarán la nueva estructura tendrá efectos sobre una parte importante del sistema eléctrico colombiano.
