A nueve años del atentado con artefacto explosivo en el Centro Comercial Andino de Bogotá, las víctimas y sus representantes legales han expresado su preocupación ante el riesgo de que los procesos penales prescriban sin una decisión de fondo. El ataque, ocurrido el 17 de junio de 2017 en el baño de mujeres del segundo piso, dejó tres mujeres fallecidas y varias personas heridas.
Detalles del atentado
La explosión se produjo en la tarde, en vísperas del Día del Padre, cuando el centro comercial registraba una alta afluencia de visitantes. En el baño donde fue instalado el artefacto explosivo se encontraban mujeres de diversas edades, tanto trabajadoras como clientas. Como consecuencia, falleció la ciudadana francesa Julie Huyn de manera inmediata, y posteriormente Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Leidy Paola Jaime Ovalle, de 31. Además, Irma del Pilar Molano perdió una pierna, y otras sobrevivientes sufrieron perforaciones timpánicas, heridas por esquirlas y secuelas físicas y emocionales.
Preocupación por la lentitud del proceso judicial
El abogado de las víctimas, Francisco Bernate, manifestó su inquietud por el lento avance del proceso judicial contra varios presuntos responsables. Según explicó, el expediente continúa en etapa de juicio contra Lizeth Johana Rodríguez Zárate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque, Alejandra Méndez Molano, Boris Ernesto Rojas Quijano, César Andrés Barrera Téllez, Andrés Mauricio Bohórquez Flórez, Cristian Santiago Sandoval Moreno, Juan Camilo Pulido Ribero e Iván Darío Ramírez León, mientras que Natalia Trujillo Nova se acogió a un principio de oportunidad.
Bernate advirtió que el tiempo corre en contra de las víctimas: “El proceso está en la fase de juicio, con un avance muy lento. Si ya hoy estamos conmemorando nueve años, el término máximo de prescripción en Colombia es de diez años, de manera que hoy podemos decir que difícilmente, en un año, vamos a terminar con este juicio, porque ha sido un juicio difícil, ha sido un juicio largo, realmente es muy difícil que se logre una condena en el año que queda. La situación es crítica, de ausencia de justicia”.
Caso de Violeta Arango Ramírez
Paralelamente, continúa otro proceso contra Violeta Arango Ramírez, señalada por la Fiscalía de haber descargado los planos del Centro Comercial Andino días antes del atentado y de participar en la planeación del ataque. La mujer fue capturada, pero en noviembre de 2022 fue designada gestora de paz del ELN, condición que posteriormente le fue revocada. Sin embargo, su orden de captura solo fue reactivada en febrero de 2026, luego del fracaso de los diálogos con esa organización armada, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Sobre este episodio, el abogado de las víctimas afirmó: “Fue una situación absolutamente desafortunada, porque efectivamente se logró su captura en un campamento del ELN y ella estuvo detenida, posterior a lo cual fue designada gestora de paz. Decisión en la que nunca se atendieron los intereses de las víctimas, que se enteraron por los medios de comunicación”. Agregó que la revocatoria de esa designación no fue informada oportunamente a la Fiscalía, lo que retrasó la reactivación de la orden de captura y fue objeto de un llamado de atención por parte de un juez de la República.
Panorama desolador para las víctimas
Finalmente, Bernate sostuvo que el panorama para las víctimas sigue siendo complejo tanto en el ámbito judicial como en materia de reparación integral. “Las víctimas han estado olvidadas, donde a hoy no han tenido una reparación. Para lograr su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas fue necesario acudir a acciones judiciales. Finalmente se logró, pero no había una reparación (…) judicialmente el panorama es desolador. Pero también, en términos del acompañamiento de las víctimas, ha sido muy difícil la situación de estas víctimas, en su mayoría mujeres”, señaló.
Aunque algunas afectadas han promovido acciones de reparación directa contra el Estado y en ciertos casos se han obtenido condenas económicas, otros procesos han concluido sin que los jueces encontraran responsabilidad estatal por los hechos ocurridos aquel 17 de junio de 2017.
