El jueves 2 de julio se hizo público el Sexto Informe de Seguimiento y Monitoreo sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en Colombia, con corte a mayo de 2026. El documento, de 274 páginas, se centra en la garantía efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Según el informe, “las víctimas son el eje articulador del Sistema Integral para la Paz y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)”.
Más de 10 millones de víctimas y violencia en aumento
El Registro Único de Víctimas (RUV) ya registra más de 10 millones de víctimas del conflicto armado interno. El informe señala que “esa cifra sigue creciendo por nuevas victimizaciones: desplazamientos masivos y confinamientos, reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), violencia sexual, asesinatos de líderes y lideresas sociales y desapariciones forzadas”.
Solo en 2025 se documentaron 187 asesinatos de líderes y lideresas sociales, y la cifra acumulada desde 2016 supera los 1.800. El informe afirma: “La voluntad existe y los avances son verificables. Al mismo tiempo, las víctimas siguen pagando con sus vidas la promesa incumplida de la no repetición. Reconocer ambos aspectos —el avance y el riesgo— es el punto de partida de este balance”.
Avances normativos y desafíos en reparación
El primer capítulo analiza la adecuación del marco normativo, en particular la Ley 2421 de 2024, sancionada el 22 de agosto de 2024, que modificó la Ley 1448 de 2011 para fortalecer la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. Aunque hay avances normativos y voluntad política, la violencia no cede.
El informe detecta un desfase crítico entre los registros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el RUV: de las 14.659 víctimas acreditadas ante la JEP, 6.347 (cerca del 43 %) no están inscritas en el RUV. Además, advierte que al ritmo actual de asignación de indemnizaciones, “se necesitarían 62 años para indemnizar al total de las víctimas, sin tener en cuenta las nuevas inclusiones”.
Restitución de tierras y déficit de vivienda
El Comité de Seguimiento revisó la restitución de tierras, las soluciones habitacionales y el impacto de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Aunque destaca avances en la Unidad de Restitución de Tierras (URT), señala que el déficit de vivienda para las víctimas sigue siendo masivo: solo el 10,7 % de los hogares víctimas habitan una vivienda digna.
Reconocimiento de responsabilidad y verdad
En cuanto a actos públicos de perdón, el informe concluye que se realizaron actos históricos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, las víctimas persisten en la necesidad de conocer “quién dio la orden”. Las víctimas de la Unión Patriótica (UP) plantearon: “A este reconocimiento le hace falta una pieza: la verdad, los responsables, los nombres. Con las miles de víctimas decimos: ¿quién dio la orden?”. En el acto del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), señalaron: “Este día ha sido un pequeño triunfo; no es justicia, porque esperamos que los verdaderos responsables sean judicializados”.
Búsqueda de desaparecidos y justicia
En materia de búsqueda de personas desaparecidas, se han fortalecido las técnicas de identificación genética, pero la falta de una política pública integral dificulta la prevención. Tanto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) como la Comisión Asesora del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) coincidieron en que el país aún no cuenta con una política pública integral de búsqueda y prevención que articule la atención de los distintos tipos de desaparición.
En justicia, se han ampliado las decisiones judiciales, pero representantes consultados identificaron tres “paredes” contra las que han chocado las expectativas creadas por el Acuerdo Final de Paz (AFP) en materia de participación. Además, persiste en la JEP “la ausencia de criterios uniformes entre despachos”.
