En la última semana, redes sociales difundieron fotos y videos de supuestas amenazas y torturas a campesinos en al menos tres departamentos de Colombia. El martes, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, solicitó formalmente a la Fiscalía investigar estas denuncias, asegurando que los casos estarían vinculados con predios entregados en el marco de la reforma agraria.
Seis fincas afectadas en una semana
Según Harman, “son más de seis fincas a las que han llegado sujetos a amedrentar a los campesinos en tan solo una semana. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo”. El director indicó que en las denuncias presentadas al ente investigador incluyó nombres propios de los presuntos responsables de las amenazas.
La ANT identificó que las acciones ocurren sistemáticamente en tres regiones: Meta, Magdalena y Córdoba. Harman se refirió específicamente al Magdalena Medio, donde en al menos cuatro ocasiones campesinos fueron amenazados mediante mensajes de texto o por hombres armados que llegaban a sus predios para expulsarlos.
Tortura en Puerto López
En la madrugada del 24 de junio, en Puerto López (Meta), cuatro hombres armados ingresaron a la finca La Primavera. “Los criminales torturaron y golpearon con machetes y palos a cuatro personas adultas y una menor de 14 años, quienes debieron ser trasladados de urgencia al hospital de Puerto López. Asimismo, incineraron la planta eléctrica, vehículos y enseres de la comunidad”, informó la ANT.
Amenazas en Córdoba
En Buenavista (Córdoba), hombres armados ingresaron al predio El Llano, adjudicado a una asociación campesina. “Los delincuentes advirtieron sobre el ingreso de 30 hombres armados por orden de un supuesto patrón identificado como César Augusto González Álvarez. Ante el inminente peligro, las familias campesinas abandonaron el territorio para salvaguardar sus vidas”, afirmó Harman.
Además, el 22 de junio, supuestamente “integrantes de dos asociaciones campesinas fueron repelidos violentamente al intentar ingresar como beneficiarios al predio La Palmira en Pueblo Nuevo (Córdoba) para realizar actividades productivas”.
Solicitud de protección
Harman declaró que desde la ANT “queremos que la Fiscalía investigue estos hechos que no son asuntos menores, que se podrían incluso configurar como de lesa humanidad por el desplazamiento provocado”. Mientras avanzan las pesquisas, pidió protección para las familias afectadas.
