La disidencia de las FARC denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos rechazaron una denuncia presentada ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. En ella se afirmaba que actores armados habrían retenido las cédulas de habitantes del resguardo indígena Inda Zabaleta, en Tumaco (Nariño), para entregarlas el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Comunicado conjunto desmiente acusaciones
Mediante un comunicado conjunto, las partes señalaron que durante la sesión del 10 de junio de la Comisión, un magistrado del Consejo Nacional Electoral presentó “denuncias sin evidencias” en las que se afirmaba que “actores armados retuvieron de manera ilegal las cédulas de los habitantes a condición de entregarlas únicamente el día 21 de junio de 2026”. El texto subraya que la denuncia carece de pruebas y defiende que en ese territorio existen garantías para el ejercicio del voto.
Gobernador indígena desmiente retención
Frente a los señalamientos, la mesa de diálogos aseguró que el gobernador del resguardo indígena Inda Zabaleta, Christian Moreno, informó que “no hay evidencia de retención ilegal de documentos de identidad a los habitantes del Resguardo por parte de actores armados”. Además, el documento sostiene que durante la primera vuelta presidencial, realizada el 31 de mayo, la jornada electoral se desarrolló con normalidad en el territorio: “Las personas en el territorio ejercieron su derecho al voto de forma plena y libre”.
Rechazo a señalamientos falsos
Las delegaciones del Gobierno y de la disidencia al mando de Walter Mendoza afirmaron que rechazan “los señalamientos falsos y sin fundamento probatorio” y reiteraron su compromiso con el Acuerdo No. 13 de la mesa de diálogos, suscrito en diciembre de 2025. Dicho acuerdo establece el respeto a los procesos electorales de 2026, la neutralidad política y la garantía del libre ejercicio del voto.
Condiciones para la segunda vuelta
Durante la sesión de la Comisión del miércoles, las autoridades electorales insistieron en que existen condiciones para la realización de la segunda vuelta presidencial. Entre las medidas adoptadas se destaca la posibilidad de que los partidos y movimientos acrediten hasta dos testigos electorales por mesa de votación, con el fin de fortalecer la vigilancia de los comicios.
