En la tarde de este jueves 18 de junio, el expresidente Álvaro Uribe reveló que la Fiscalía lo citó a indagatoria por su presunta vinculación con tres masacres ocurridas en Antioquia durante la década de 1990, que marcaron el auge del terror paramilitar en el departamento. El ente investigador, que mantuvo los expedientes inactivos por años, reactivó el caso y lo vinculó directamente a una investigación por su presunta participación en la conformación y accionar de grupos paramilitares.
Detalles de la investigación
Según información oficial, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal por hechos relacionados con la creación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. También se investiga el asesinato del defensor de derechos humanos José María Valle Jaramillo. La Fiscalía indaga por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por haber facilitado y promovido, supuestamente, las acciones de grupos armados que operaban desde la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia en esa época.
Los hechos del terror paramilitar
Asesinato de José María Valle Jaramillo
Uno de los casos que involucra al expresidente es el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, ocurrido el 27 de febrero de 1998. Dos sicarios llegaron a su oficina en Medellín el mismo día en que un campesino de Ituango lo esperaba para contarle detalles de lo sucedido meses antes en El Aro. Valle había denunciado que las masacres paramilitares fueron apoyadas por militares de la Cuarta Brigada del Ejército. En una entrevista de 1997, afirmó: "No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada... Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo". El 25 de agosto de 1997, en la Universidad de Antioquia, señaló: "Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno". Semanas después, radicó denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se investigara por prevaricato por omisión. Estas denuncias, iniciadas en los 90, fueron retomadas en 2017 cuando el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para investigar al entonces exgobernador. Tanto el caso de Valle como las masacres fueron declarados crímenes de lesa humanidad en 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Masacre de El Aro
Otro expediente se refiere a los hechos ocurridos entre el 22 y 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro. Un grupo de aproximadamente 200 paramilitares, bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, sembró el terror. Quince personas fueron asesinadas y 40 casas quemadas durante dos semanas de incursión paramilitar, cuyo objetivo era exterminar el asentamiento, acusando a sus habitantes de colaborar con la guerrilla sin pruebas. Testimonios de sobrevivientes y exparamilitares indican que un helicóptero sobrevoló la zona durante la masacre, aunque se desconoce quién lo tripulaba.
Masacre de La Granja
El 11 de junio de 1996, más de 20 paramilitares comandados por alias "Doble Cero", por orden de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, asesinaron a William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias en el corregimiento de La Granja, Ituango. La incursión habría sido financiada por la oficina de finanzas del grupo armado en Medellín, conocida como el Parqueadero Padilla. En 2023, la Fiscalía llamó a juicio a Jacinto Soto Toro, alias "Lucas", quien administraba ese despacho criminal.
Masacre de San Roque
Entre el 13 y 17 de septiembre de 1996, el municipio de San Roque vivió el terror. Estos hechos dieron inicio al proceso por el que Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia. La masacre aparece en una investigación previa de la Fiscalía contra el expresidente por la presunta conformación de grupos paramilitares en los años 90 en la hacienda Guacharacas. Ese proceso, que estuvo en la Corte Suprema mientras Uribe era senador, comenzó por las declaraciones de los paramilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.
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