El Estado colombiano indemnizará a la congresista Jahel Quiroga Carrillo por la falta de protección y el acoso sistemático que sufrió en la década de 1990 cuando era parte de la Unión Patriótica (UP), durante el exterminio de ese movimiento político. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó el acuerdo conciliatorio entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la senadora y su familia.
Indemnización de más de COP 700 millones
El acuerdo asciende a más de COP 700 millones por los perjuicios morales y daño a la salud que sufrieron la congresista, sus dos hijos y su nieta. Por perjuicios morales, a la defensora de derechos humanos se le pagarán 100 salarios mínimos, 80 salarios para cada uno de sus hijos y 50 para su nieta. Por daños a la salud, la sobreviviente de la UP recibirá 80 salarios, igual que su hija, mientras que su hijo recibirá 50.
Recomendación de la CIDH
El Tribunal aprobó el acuerdo teniendo en cuenta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que el Estado colombiano es responsable de “la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación en defensa de los derechos humanos, a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
En la decisión se lee que para la aprobación del acuerdo se consideró el “patrón sistemático de persecución que se prolongó por más de dos décadas (1998-2021)”, incluyendo amenazas, actividades de inteligencia ilegal por parte del DAS y el homicidio de un escolta de Quiroga. “Aprobar acuerdo conciliatorio prejudicial realizado el 7 de mayo de 2026, suscrito entre la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado y los convocados Jael Quiroga Carrillo, María Del Carmen Santiago Quiroga, Cesar Augusto Santiago Quiroga y Jahel Del Carmen Santiago”, reza la decisión del Tribunal.
Patrón de persecución sistemática
Desde 2023, la CIDH determinó que “el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación en defensa de los derechos humanos, a las garantías judiciales y a la protección judicial” de Quiroga y su familia. El patrón del que fueron víctimas “incluyó amenazas persistentes, actividades de inteligencia ilegal, el homicidio de su guardaespaldas, intento de homicidio en su contra y hostigamientos que se extendieron a su núcleo familiar y al exilio temporal de sus hijos”.
Durante las investigaciones se determinó que “las labores de inteligencia que tuvieron como objeto a la peticionaria poseían fines ilegítimos e inconvencionales ya que se trataron de actividades de reunión y análisis de información que identificaron como blanco a la Sra. Quiroga Carrillo que se realizaron de manera arbitraria por la razón de pertenecer a una organización de defensa de los derechos humanos”.
Trayectoria de Quiroga
Quiroga inició como militante de la UP en Barrancabermeja (Santander), donde fundó el Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). Llegó al Concejo de Barrancabermeja en dos ocasiones, pero en su segundo periodo su secretaria, Blanca Durán, fue asesinada por sicarios que la confundieron con ella en 1991. Desde entonces estuvo exiliada en Estados Unidos y regresó en 1993 a Colombia. Ese mismo año fundó la Corporación Reiniciar para documentar el genocidio contra su partido. Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) llevaron el caso hasta la CIDH, y el Estado colombiano fue condenado por esa Corte por el exterminio en 2023.
