La justicia colombiana dejó en libertad a más de 10 personas vinculadas por la Fiscalía en una investigación por presunto ecocidio, deforestación de 52.000 hectáreas y acaparamiento ilegal de tierras en el municipio de Mapiripán, Meta. La decisión se tomó en dos diligencias separadas.
Primera diligencia: libertad por falta de pruebas
En una de las audiencias, el Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio concluyó que no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación necesaria para imponer una medida de aseguramiento, pese a la gravedad de los hechos expuestos por el ente acusador. Los procesados en este caso son: Vadid Aljure Peña, Tufik Aljure Peña, Loris Aljure Peña, Dumar Gontran Aljure Martínez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz y Liliana Edith Bustos Méndez. Fueron imputados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, daños en los recursos naturales, ecocidio, deforestación y fraude procesal.
La investigación también involucra al ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, presidente de Poligrow, empresa con un proyecto de palma de aceite en la región. Vigna Taglianti fue imputado en otra diligencia y la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en su contra, la cual será definida el 22 de julio.
Segunda diligencia: libertad por no legalizar captura
En la otra diligencia, quedaron en libertad Eiby Lucía Rodríguez Lara, John Humberto Rodríguez Gómez, Jorge Avendaño Rodríguez, Andrés Enrique Fonseca Romero, Jaime Romero Romero, Sandra Milena Ladino Ramírez, Eduardo Santos Leguizamo Barreto y el exalcalde de Mapiripán, Jorge Iván Duque, luego de que un juez no legalizó su captura.
Se espera avanzar con la imputación el próximo 17 de julio. Además, la Fiscalía desarrolló, en otra diligencia, la imputación de Mario Enrique Ibáñez, quien se entregó voluntariamente, argumento que definió su libertad para un juez.
Graves afectaciones ambientales
Según la Fiscalía, la organización habría operado durante varios años en una zona de especial importancia ambiental, apropiándose presuntamente de terrenos baldíos de la Nación y desarrollando actividades que ocasionaron graves afectaciones ambientales. El ente acusador aseguró que la investigación, originada en reportes del Ideam sobre focos permanentes de quema entre 2000 y 2023, permitió establecer un presunto esquema de acaparamiento de tierras y deforestación que se habría extendido entre 2007 y 2026.
Blu Radio conoció la audiencia en la que se negó la medida de aseguramiento contra el grupo de seis imputados. Al solicitar la imposición de medida de aseguramiento, la Fiscalía sostuvo que existía riesgo para la comunidad por la continuidad de la actividad investigada y una posible relación con organizaciones criminales que ejercen control territorial en la zona. En audiencia, la Fiscalía afirmó: "Hay una continuación de actividad delictiva que ha surgido, que ha permanecido por más de 17 años, nos permite señalar que no es un modo de vida, sino que es ya una actividad que es completamente ilícita, estructurada frente a empresas y ganancias enormes de las actividades allí realizadas".
Fiscalía señaló a la familia Aljure
Respecto de Vadid Aljure Peña, la Fiscalía aseguró que, junto con integrantes de su familia, además de sus predios heredados e involucrados en la red, presuntamente se apropió de cerca de miles de hectáreas de terrenos baldíos mediante contratos de compraventa y mejoras que, posteriormente, fueron negociados con Poligrow Colombia. En la sustentación indicó: "Se tiene los elementos materiales probatorios que, junto con miembros de su familia, se apropian de un lote de terreno de origen baldío perteneciente a la Nación correspondiente a 70.000 hectáreas celebrado por la familia Aljure a favor de la sociedad Poligrow Colombia siendo el señor Carlo Vigna, representante legal de la sociedad".
No obstante, el juez acogió los argumentos de las defensas y concluyó que la Fiscalía no logró demostrar la participación de los seis imputados en las actividades de deforestación ni la existencia de un acuerdo criminal. Durante la decisión cuestionó la solidez de la investigación al señalar: "Y aquí empieza a fallar la investigación, y empieza a fallar toda la exposición que hizo la señora fiscal. Esto es un llamado de atención muy serio a la Fiscalía. Aquí hay dos situaciones que son totalmente ajenas".
Juez rechazó delincuencia transnacional
El despacho también rechazó que los hechos expuestos permitieran hablar de delincuencia transnacional en relación con los hermanos Aljure. "¿Cuál transnacional? El daño ambiental sí, claro. ¿Transnacional? ¿Cuál es? No, no hay. En relación a los señores Aljure, ¿qué hicieron? ¿Vender algo en calidad de qué? De propietarios. Legítimos, al parecer. Por lo menos, aquí hay prueba sumaria de eso", afirmó el juez, quien agregó que sobre los elementos presentados no era posible inferir razonablemente que los procesados hubieran ordenado, ejecutado o participado en las actividades de deforestación investigadas, razón por la cual negó la medida de aseguramiento y los dejó en libertad mientras continúa el proceso.
La Fiscalía apeló y la decisión en segunda instancia todavía no se conoce por la falta de realización de la audiencia el 7 de julio. También, la decisión de un juez sobre la medida del ciudadano italiano y presunto líder de la red se definirá el 22 de julio.
