El pasado 18 de junio, en una zona rural de Tibú, Norte de Santander, un niño de 11 años identificado como Samuel* perdió la vida tras el impacto de un dron cargado con explosivos que destruyó su vivienda. Las autoridades atribuyen el ataque a las disidencias de las Farc comandadas por alias 'Calarcá'. Este hecho se suma a una escalada en el uso de drones con fines bélicos en la región del Catatumbo, donde grupos armados como el Eln y las disidencias de las Farc los emplean no solo para ataques directos, sino también para vigilancia y amedrentamiento de la población civil.
Uso creciente de drones en el conflicto
Según informes de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el uso de drones en el conflicto armado colombiano ha aumentado exponencialmente en 2023. Estos artefactos son utilizados con explosivos, cámaras de vigilancia y megáfonos para atemorizar a la población. En el Catatumbo, la disputa territorial entre el Eln y las disidencias de las Farc ha intensificado estos ataques, dejando a la fuerza pública en desventaja tecnológica.
Gerson Arias, investigador de Pares, señaló: 'El Estado colombiano está rezagado en la capacidad de contrarrestar esta amenaza. Los grupos armados han adaptado tecnología de bajo costo para fines letales, lo que representa un desafío enorme para la seguridad en regiones como Tibú'.
Impacto en la población civil
La muerte de Samuel no es un caso aislado. En lo que va del año, se han registrado al menos 12 ataques con drones en la región, dejando un saldo de 5 civiles muertos y 20 heridos, según datos de Human Rights Watch. Además, cientos de familias han sido desplazadas por el temor a estos artefactos. La vivienda de Samuel quedó completamente destruida, y su familia, según testigos, huyó de la zona tras el ataque.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, condenó el hecho: 'El uso de drones contra civiles es una violación al Derecho Internacional Humanitario. Exigimos una investigación exhaustiva y que los responsables rindan cuentas'.
Respuesta de las autoridades
Las autoridades locales han desplegado operativos en la zona para dar con los responsables, pero la topografía accidentada y la presencia de múltiples grupos armados dificultan las labores. El Ejército Nacional confirmó que reforzará la vigilancia con sistemas antidrones, aunque reconocen que la tecnología disponible es limitada frente a la sofisticación de los artefactos utilizados por los grupos ilegales.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para Tibú y municipios aledaños, advirtiendo sobre el riesgo de nuevos ataques con drones. Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con el asesinato de Samuel.
