Creación de la Notaría 82 desata controversia
La creación de la Notaría 82 del círculo de Bogotá, oficializada el pasado 5 de junio para operar en el sector comercial de San Victorino, quedó en el centro de una nueva controversia tras una investigación de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que reveló cuestionamientos internos sobre el proceso y las gestiones realizadas por una congresista del Pacto Histórico.
El caso ya llegó al equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella, puesto que, según el reportaje, tanto el saliente ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, como el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, aseguraron no tener claridad sobre el proceso que culminó con la expedición del decreto que dio vida al nuevo despacho notarial. Mientras el primero explicó que el Ministerio únicamente revisa la viabilidad jurídica de los estudios remitidos por la Superintendencia, el segundo señaló que llegó a la entidad cuando el análisis técnico ya había sido elaborado.
Gestiones de la congresista María Fernanda Carrascal
La investigación periodística señala que funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro atribuyen a la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, cabeza de lista del Pacto Histórico por Bogotá, un papel relevante en las gestiones que precedieron la creación de la nueva notaría. De acuerdo con esas versiones, la congresista habría impulsado el trámite que finalmente concluyó con la expedición del decreto.
Consultada por EL TIEMPO, Carrascal negó estar detrás de la creación de la notaría, aunque reconoció que sí realizó gestiones para acompañar una solicitud presentada por comerciantes de San Victorino. Según explicó, desde 2020 distintos empresarios del sector le pidieron apoyo para recuperar ese servicio notarial, luego de que una notaría previamente creada durante el gobierno de Iván Duque fuera trasladada a otra zona de la ciudad.
"La notaría se crea por una necesidad, porque la comunidad lo solicita", aseguró la congresista al explicar que su intervención consistió en facilitar reuniones entre los comerciantes y las autoridades competentes y agregó que posteriormente se elaboró un estudio técnico que concluyó que sí existía la necesidad del servicio y que, dos años después, el Gobierno terminó formalizando su creación. La representante insistió en que la iniciativa no nació de ella y rechazó los señalamientos sobre una eventual influencia política en la decisión. "Yo no me inventé una notaría. Yo no salí a decir qué rico que se cree una notaría en San Victorino", afirmó, al sostener que únicamente respondió a una petición formulada por la comunidad comercial del sector.
San Victorino como argumento para la notaría
Uno de los principales argumentos expuestos por Carrascal para respaldar la apertura del nuevo despacho es la actividad económica que concentra San Victorino. Según explicó, la zona reúne más de 11.000 pequeños empresarios distribuidos en 57 centros comerciales y cerca de 3.500 establecimientos, con un elevado volumen de transacciones en efectivo y operaciones bancarias. La congresista sostiene que esas condiciones justificaban plenamente la existencia de una notaría en el sector y que esa necesidad quedó sustentada en el estudio técnico elaborado por las autoridades competentes. En su versión, la decisión respondió a criterios administrativos y no a intereses políticos, por lo que rechazó las versiones que la ubican como promotora de la medida.
Inquietudes sobre el proceso y futuros nombramientos
Sin embargo, el reportaje señala que dentro de la Superintendencia existen inquietudes sobre el proceso y, especialmente, sobre el futuro nombramiento del notario que asumirá el nuevo despacho. Funcionarios consultados por EL TIEMPO pidieron hacer seguimiento a esa designación, teniendo en cuenta investigaciones previas del mismo medio sobre nombramientos de personas cercanas al petrismo en otras notarías del país. Entre esos antecedentes, el diario menciona la designación de la hija del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, y de una abogada cercana al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como parte de una serie de nombramientos realizados durante las últimas semanas del gobierno saliente.
Participación de una asesora de la Superintendencia
La investigación incorpora un segundo elemento relacionado con la participación de la abogada María del Pilar Murillo Rodríguez, quien figura como asesora del despacho del superintendente y de la oficina de comunicaciones de la entidad. Funcionarios de la Superintendencia también solicitaron revisar el papel que desempeñó durante el proceso de creación de la nueva notaría. EL TIEMPO recuerda que Murillo hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Gustavo Bolívar y posteriormente trabajó como asesora del Ministerio de Defensa durante la gestión de Iván Velásquez, acotando que presentó actuaciones judiciales en favor de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich', dentro de procesos adelantados ante la Corte Constitucional. Consultada por el diario, la abogada confirmó que trabaja como asesora del superintendente desde hace más de un año y que anteriormente hizo parte del Ministerio de Defensa. También manifestó que le sorprendería cualquier tipo de animadversión dentro de la entidad frente a su labor.
Revisión por parte del gobierno entrante
La investigación periodística ya fue puesta en conocimiento de Iván Cancino, jefe del empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella para el sector Justicia, quien revisará tanto la creación de la Notaría 82 como los recientes nombramientos realizados en el sistema notarial.
