Mientras la paz y la seguridad se han convertido en ejes centrales de la disputa electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en los territorios más golpeados por el conflicto las prioridades son coincidentes. Líderes sociales, víctimas, campesinos y representantes de organizaciones en regiones donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), surgidos del Acuerdo de Paz, insisten en que el próximo mandatario debe concentrarse en problemas estructurales no resueltos.
Colombia+20 consultó a voces de estos territorios sobre sus expectativas frente al nuevo gobierno. Se les preguntó: ¿Qué le pide su comunidad en seguridad? ¿Debería el nuevo gobierno continuar las negociaciones de paz? ¿Ha logrado algo el Acuerdo de Paz en su territorio? ¿Qué papel debe tener el Acuerdo para el próximo gobierno?
Aunque cada región tiene desafíos particulares, las respuestas revelan puntos comunes: mantener los diálogos de paz, acelerar la implementación del Acuerdo de 2016, fortalecer la presencia estatal integral, garantizar la seguridad comunitaria y aumentar la inversión en infraestructura y proyectos productivos.
Arauca
Lilia Colmenares, lideresa social, pidió una política de seguridad humana que priorice la protección de la vida y la permanencia digna de las comunidades rurales, así como la protección de líderes y víctimas. Solicitó una presencia integral del Estado con Fuerza Pública, economía, vivienda y salud. Afirmó que los diálogos son la única garantía para una paz estable y duradera, y que el Acuerdo de Paz debe seguir siendo la hoja de ruta fundamental para el próximo gobierno.
Nariño
Una lideresa que pidió reserva de su nombre señaló que la seguridad debe implicar no más guerra, desplazamientos, confinamientos ni minas antipersona. Destacó que los procesos de paz se reciben con esperanza, pero falta información sobre resultados. Instó a implementar los Acuerdos de cara a las poblaciones afectadas, no como trampolín político.
Putumayo
Juliana Rincón, lideresa social, pidió una visión humana de la seguridad, no militarista, ya que la presencia armada ha implicado riesgos de violencia sexual para las mujeres. Apoyó los diálogos de paz, señalando que el aumento del militarismo no trae paz. Valoró el Acuerdo de Paz por la reducción de masacres y secuestros, y por permitir juzgar a los responsables.
Valle del Cauca
Una lideresa que pidió anonimato solicitó una política de seguridad que recupere la confianza comunitaria y fortalezca la capacidad institucional para proteger a la población civil. Consideró que el gobierno debe continuar los diálogos de paz, pues la violencia no se supera solo con acciones militares. Pidió mantener el Acuerdo como política de Estado, complementado con seguridad efectiva.
Guaviare
Fidel Rojas, presidente de Asojuntas de Miraflores, pidió un tratado de paz que se cumpla a cabalidad. Señaló como principal necesidad los incumplimientos en el PNIS, además de programas ambientales y mejoras en infraestructura vial. Afirmó que el Acuerdo de Paz debe seguir como hoja de ruta.
Sur de Bolívar
Isidro Alarcón, delegado de la mesa de paz, criticó la seguridad democrática del pasado y señaló que los diálogos han fracasado por incumplimientos, pero vale la pena intentarlos. Indicó que el Acuerdo de Paz no se cumplió, especialmente en el gobierno anterior, aunque algunas obras se concluyeron en el actual.
Chocó
Ramiro Rodríguez, del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, solicitó un enfoque más allá del militar, priorizando la protección de la vida y los derechos de comunidades étnicas. Apoyó la continuidad de los diálogos y destacó avances del Acuerdo en reconocimiento de víctimas y participación. Pidió fortalecer su implementación para una paz territorial.
Catatumbo
Carmen García, directora de Madres del Catatumbo por la Paz, pidió inversión en vías, escuelas y proyectos productivos como base de la seguridad. Solicitó continuar los diálogos, que han permitido recuperar personas. Consideró el Acuerdo de Paz como lo mejor para la región, pero lamentó que no se haya cumplido.
Cauca
Nancy Bravo, comunera indígena nasa de Toribío, señaló que la seguridad requiere presencia estatal con inversión social, no militar. Destacó que las conversaciones han disminuido la violencia. El Acuerdo de Paz reconoció la defensa del territorio sin armas, aunque han surgido situaciones que buscan desconfigurar ese ejercicio.
Sierra Nevada - Perijá
Hilary Sánchez Arengas pidió garantizar la seguridad integral de líderes sociales, campesinos y víctimas, y fortalecer la presencia institucional. Apoyó los diálogos de paz para reducir la violencia. Destacó que el Acuerdo permitió la construcción participativa en iniciativas PDET.
Sur de Tolima
Albenis Tique, del pueblo pijao, señaló que no hay garantías reales para mujeres indígenas y negras, y que los feminicidios quedan en impunidad. Pidió cumplir el Acuerdo de 2016 y criticó que los diálogos no incluyan participación real de las comunidades afectadas. Destacó la inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo.
Sur de Córdoba
Piedad del Carmen Julio Ruiz, de la mesa de víctimas, pidió arreglo de vías para facilitar el acceso de autoridades. Apoyó las negociaciones de paz con condiciones y compromisos serios. Señaló que el Acuerdo minimizó la violencia en zonas apartadas y pidió proteger la vida de los firmantes de paz.
