La Procuraduría General de la Nación realizó una nueva mesa de seguimiento sobre la situación de los ejemplares de caimán llanero en la estación Roberto Franco, Unillanos y el parque Merecure, en el departamento del Meta. El Ministerio Público exigió un plan actualizado para garantizar su atención integral, el cual debe ser entregado a más tardar el 8 de julio de 2026.
Alimentación, atención veterinaria y custodia: las exigencias clave
El plan debe incluir medidas concretas sobre alimentación, atención veterinaria, tenencia, custodia y eventual liberación de los reptiles. La Procuraduría busca verificar avances reales y evitar que la falta de coordinación institucional afecte el bienestar de una especie en peligro crítico. El órgano de control pidió pasar de discusiones sobre competencias a compromisos con fechas, responsables y financiación.
Durante la mesa de seguimiento, la Procuraduría solicitó actualizar el plan de trabajo para los reptiles en los tres puntos mencionados. El documento deberá precisar qué se hará, cuándo se hará, quién asumirá cada tarea y con qué recursos. Para el Ministerio Público, no basta con mantener mesas de discusión si no se traducen en acciones verificables sobre el terreno.
Cronograma de alimentación hasta diciembre de 2026
Uno de los puntos más urgentes es la alimentación. La Procuraduría solicitó establecer un cronograma claro hasta diciembre de 2026, que incluya la frecuencia de suministro, los responsables por cada sitio, los recursos disponibles y los mecanismos de seguimiento. Esta exigencia apunta a evitar vacíos operativos en la atención diaria de los ejemplares.
El Ministerio Público también pidió precisar la ruta de atención veterinaria. Ese componente deberá indicar cómo se atenderán eventuales emergencias, qué condiciones técnicas deben cumplirse y cuáles son las responsabilidades institucionales en cada lugar donde permanecen los reptiles.
Superar discusiones institucionales y avanzar a compromisos verificables
La Procuraduría advirtió la necesidad de superar las discusiones institucionales sobre competencias. En la práctica, el mensaje apunta a que las entidades involucradas pasen de definir quién debe actuar a concretar qué acciones se ejecutarán y en qué plazos. El órgano de control pidió avanzar hacia "compromisos verificables", con fechas, responsables y fuentes de financiación.
La situación de los caimanes llaneros ubicados en Unillanos y el parque Merecure también deberá ser definida desde el punto de vista jurídico y material. La Procuraduría pidió aclarar qué instrumentos soportan su permanencia, movilización o liberación. Este punto es clave porque la atención de los ejemplares no solo pasa por alimentación y salud, sino también por la claridad sobre quién tiene la tenencia, quién responde por la custodia y bajo qué condiciones se podría ordenar su traslado.
Condiciones mínimas de tenencia y liberación con sustento técnico
La Procuraduría también pidió precisar las condiciones mínimas de tenencia, incluyendo el sitio donde permanecen los reptiles, los cuidados requeridos y las garantías básicas para que su manejo responda a criterios de bienestar animal. Otro de los puntos solicitados es un cronograma tentativo de liberaciones, con sustento técnico, enfoque de bienestar animal y articulación con las comunidades.
La liberación de ejemplares de una especie en peligro crítico requiere coordinación institucional y soporte especializado. Por eso, el Ministerio Público pidió que el plan no se limite a una intención general, sino que detalle las condiciones necesarias para avanzar. La articulación con las comunidades también aparece como un componente relevante, ya que la permanencia o liberación de los caimanes no solo involucra a las entidades responsables, sino también a los territorios donde se tomen decisiones sobre su manejo futuro.
Próxima mesa de verificación el 29 de julio
La próxima mesa de verificación se realizará el 29 de julio de 2026. En esa fecha, la Procuraduría espera constatar avances reales frente a los compromisos que deberán quedar definidos en el plan actualizado entregado antes del 8 de julio. Ese seguimiento será clave para revisar si las entidades involucradas lograron establecer un cronograma de alimentación, una ruta veterinaria, responsables por sitio, fuentes de financiación y claridad jurídica sobre la situación de los ejemplares.
La preocupación del Ministerio Público es evitar que la descoordinación institucional ponga en riesgo la conservación del caimán llanero. Por eso, el llamado combina urgencia operativa, claridad jurídica y enfoque de bienestar animal.
