La Superintendencia de Salud denunció presuntos maltratos y obstrucciones durante el proceso de vigilancia que adelanta en la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, específicamente en la Fábrica de Licores de Antioquia. La entidad nacional informó que un equipo de 13 auditores se desplegó para verificar el manejo de los recursos y la gestión del sector salud en ambas administraciones, pero enfrentó maltrato por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la subsecretaria jurídica, Liliana Correa.
Denuncia penal y queja ante la Procuraduría
Las supuestas irregularidades fueron reportadas a la Procuraduría General de la Nación y posteriormente se interpuso una denuncia penal por violencia contra servidor público y obstrucción ante la Fiscalía General de la Nación. La Supersalud afirmó que “ninguna autoridad territorial está por encima de la ley ni puede impedir el ejercicio de inspección”.
Rechazo previo de Federico Gutiérrez
Esta misma actuación de la Superintendencia, anunciada desde la semana pasada, provocó el rechazo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que la entidad al mando de Daniel Quintero no puede interferir en temas de la ciudad y que solo quería “hacer daño”. “Son parte del robo de la salud. Se robaron a Medellín. Él está imputado y está en etapa de juicio. Quieren hacer daño hasta lo último. Les deberíamos es dar la dirección de la Fiscalía General de la Nación que vayan allá y, de una vez, los dejen”, indicó el mandatario.
Gobernador de Antioquia también critica auditoría
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también rechazó la auditoría de la Supersalud, calificándola de “ruido y show”. “Con más ánimo politiquero, revanchista y oscuro que de cualquier otra cosa. Hemos pedido un acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, porque estamos frente a unos forajidos, y con esos forajidos nunca se sabe”, aseguró Rendón.
Supersalud defiende su labor
A la espera de los resultados de la auditoría y de la respuesta de Federico Gutiérrez ante la denuncia, la Superintendencia reiteró que ninguna autoridad territorial puede impedir el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden por ley. Afirmó que estas auditorías hacen parte de un plan estratégico para proteger los recursos de la salud y combatir la corrupción en el país.
