La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha revertido el proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB), una vía de más de 106 kilómetros que conecta municipios como Briceño, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí y Cáqueza. La decisión se produce como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato de Concesión No. 002 de 2014, declarada por un tribunal arbitral internacional.
Fallo arbitral millonario
El fallo favoreció al concesionario y obliga al Estado colombiano a asumir una compensación cercana a los 305 millones de dólares, equivalentes a más de 1,3 billones de pesos. Se trata de uno de los procesos arbitrales más costosos para el país en materia de infraestructura vial, y marca un precedente sobre los riesgos que asume el Estado en contratos 4G.
Nuevos responsables del corredor
Los tramos del corredor quedan en manos de tres entidades: el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de La Calera. La ANI adelantó mesas técnicas, recorridos de verificación y actividades de coordinación con el ICCU y alcaldías municipales para garantizar una entrega con soporte técnico claro y responsabilidades definidas entre cada institución receptora.
"La ANI reitera que la reversión constituye una etapa contractual e institucional que permite transferir formalmente los corredores a las entidades que tienen competencia sobre su administración, conservación y gestión", explicó Óscar Torres, presidente de la ANI.
Origen del litigio
El origen del litigio estuvo en las dificultades para ejecutar varios tramos del megaproyecto. Los empresarios a cargo de la concesión argumentaron que obstáculos externos impidieron el desarrollo normal de las obras. Uno de los argumentos fue la presencia de cuerpos de agua en zonas del proyecto, ya que inicialmente un reporte de la ANI indicó que en esas áreas no existían ese tipo de ecosistemas. Estudios posteriores confirmaron su existencia, lo que obligó a modificar los diseños originales y tramitar permisos ambientales adicionales que retrasaron las obras. Esos factores hicieron inviable la ejecución completa de los tramos, desencadenando el arbitraje internacional que terminó con la liquidación del contrato y una compensación millonaria a cargo de la Nación.
Puntos críticos en las unidades funcionales 4 y 5
Durante las inspecciones previas a la reversión, la ANI identificó puntos críticos en las unidades funcionales 4 y 5, correspondientes a los tramos La Calera-Choachí y Choachí-Cáqueza, que suman cerca de 54 kilómetros de los segmentos más exigentes del corredor en términos topográficos. Sobre esas secciones se definieron intervenciones prioritarias para mejorar las condiciones de seguridad, estabilidad y transitabilidad.
La Procuraduría General de la Nación también había advertido sobre esos tramos. En una mesa técnica, la entidad logró que la ANI suscribiera un otrosí con la concesión para atender 22 puntos críticos y avanzar en el mantenimiento de casi 60 kilómetros del corredor. Ese acuerdo incluyó compromisos de contingencia ante deslizamientos y eventos climáticos adversos.
Presupuesto público para la conservación
Con la salida del concesionario privado, la conservación y gestión del corredor recaerán sobre el presupuesto de las entidades que lo reciben. Invías asumirá los tramos de carácter nacional, mientras que la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de La Calera tomarán control de los segmentos dentro de su jurisdicción territorial.
El 79% de la inversión en infraestructura de Bogotá está en transporte masivo con 35 billones de pesos, según datos recientes. La reversión de la POB representa un desafío financiero y operativo para las entidades receptoras, que deberán garantizar la transitabilidad y seguridad de la vía.
