En febrero de 2026, el Ministerio de Educación celebró la transformación del Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional en la Institución Universitaria de El Espinal (Uniespinal), un hito para el municipio tolimense. Sin embargo, seis meses después, la misma cartera alerta sobre presuntas irregularidades al interior de la institución.
Vigilancia especial por posibles fallas
Tras una visita de inspección realizada el 26 y 27 de febrero, funcionarios del Ministerio revisaron aspectos administrativos, financieros y contractuales de la Uniespinal. Como resultado, la institución entró en "vigilancia especial" para proteger los recursos públicos y garantizar la calidad educativa. Se ordenaron medidas preventivas y el nombramiento de un inspector permanente.
Hallazgos en contratación y finanzas
Las autoridades encontraron "debilidades recurrentes en las etapas de planeación, estructuración, ejecución y seguimiento contractual". También detectaron presuntas deficiencias en estudios previos y de mercado, inconsistencias en la programación presupuestal, falta de soportes documentales, contratos con plazos desproporcionados, y reiteradas suspensiones, modificaciones y prórrogas.
- Concentración de contratos en ciertos proveedores.
- Omisión en la publicación de información contractual en el Secop.
- Procesos contractuales a finales de 2025 con plazos de ejecución de un solo día para actividades complejas.
- Inconsistencias entre fechas de suscripción de contratos, actas de inicio y modificaciones.
Medidas adoptadas
El Ministerio nombró un inspector para vigilar permanentemente la Uniespinal mientras se corrigen las fallas. Además, algunos hallazgos fueron remitidos a instancias competentes para investigaciones. Se aclaró que las actividades académicas no se suspenderán. "Estas medidas tienen un carácter preventivo y buscan garantizar la continuidad del servicio educativo, proteger los derechos de los estudiantes y fortalecer la confianza ciudadana", indicó la cartera.
Las debilidades incluyen políticas contables, gestión de cartera, depreciación de activos y mecanismos de control financiero. La resolución ministerial busca asegurar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos en la educación superior.
