El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por una presunta violación de los topes de financiación y las restricciones de aportes privados durante su campaña electoral de 2023. La decisión se tomó tras una denuncia presentada por el concejal Angelo Schiavenato.
Detalles de la investigación
La magistrada Fabiola Márquez Grisales firmó el auto mediante el cual el CNE avocó conocimiento de la queja del cabildante, que cuestiona posibles vulneraciones a las normas sobre financiación de campañas políticas. Como parte de las primeras actuaciones, el organismo electoral solicitó al Fondo de Financiación de Partidos y Campañas Electorales que entregue los informes de ingresos y gastos de campaña del hoy alcalde y certifique los aportes privados realizados por Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Banco Davivienda S.A.
Argumento central de la queja
“El argumento central de la queja es que, al sumar los aportes de las empresas del Grupo Bolívar, junto con un aporte adicional realizado por Mercantil Colpatria (hoy fusionada con Davivienda, miembro del Grupo Bolívar), el monto total de financiación proveniente de este grupo empresarial superaría el umbral del 2 % del tope de gastos, lo cual, según el concejal, podría activar las restricciones de contratación con el Distrito”, señaló en un comunicado el concejal Angelo Schiavenato.
Requerimientos del CNE
El CNE también requirió al Partido Nuevo Liberalismo, que avaló la candidatura del mandatario, para que remita el informe de los aportes públicos y privados de la campaña. Al propio alcalde se le dio un plazo de dos días para presentar su defensa y las pruebas que considere pertinentes frente a los hechos que son objeto de la investigación.
El auto ordena, además, solicitar información a la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la existencia y representación legal de las empresas mencionadas, así como una ampliación de la queja presentada por el ciudadano que promovió el proceso. Asimismo, el CNE ordenó trasladar copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que evalúen, dentro de sus competencias, si hay lugar a actuaciones penales o fiscales.
