La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico que prohíbe a los conjuntos residenciales impedir el uso de ascensores a residentes acompañados de sus mascotas, así como exigir autorizaciones previas para ello. La decisión, contenida en la Sentencia T-199 de 2026, establece que tales restricciones vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, además de desconocer el mandato de protección animal previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
El caso que originó la sentencia
La tutela fue presentada por Teresa, residente de un conjunto residencial, a quien la administración le prohibió utilizar el ascensor junto con Júpiter, uno de sus cuatro perros. Teresa padece osteoporosis y su mascota tiene displasia de cadera, por lo que ambos necesitaban el ascensor para movilizarse dentro de la copropiedad. La Sala Octava de Revisión, integrada por el magistrado Miguel Polo Rosero y las magistradas Natalia Ángel Cabo y Paola Andrea Meneses Mosquera (presidenta), encontró que la prohibición inicial y la obligación de solicitar una autorización previa vulneraban sus derechos fundamentales.
Fundamentos de la decisión
En su análisis, la Corte recordó que los animales de compañía ocupan un lugar relevante en la vida de muchas personas y que ese vínculo tiene una dimensión constitucional. Según la sentencia, esta relación se conecta con el ejercicio de derechos como el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar, razón por la cual las medidas adoptadas por las administraciones de propiedad horizontal deben respetar ese marco de protección. El alto tribunal también señaló que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia establece que no puede prohibirse el tránsito ni la permanencia de animales domésticos o mascotas en las zonas comunes de las propiedades horizontales, y que los administradores deben abstenerse de aplicar disposiciones contenidas en los manuales de convivencia que sean contrarias a esa normativa.
Límites a las restricciones en manuales de convivencia
La Corte precisó que los conjuntos residenciales conservan la facultad de establecer reglas sobre la tenencia de animales de compañía en las zonas comunes, siempre que esas medidas busquen garantizar la convivencia pacífica entre los residentes. Sin embargo, aclaró que esas competencias tienen límites y no pueden convertirse en prohibiciones generales o restricciones desproporcionadas. La sentencia enfatiza que no es admisible prohibir el tránsito o permanencia de mascotas, ni someter su ejercicio a autorizaciones discrecionales. Para la Sala, exigir un permiso previo implica supeditar el ejercicio de un derecho a una decisión administrativa que carece de sustento constitucional.
Medidas ordenadas por la Corte
Como consecuencia de la decisión, la Corte ordenó al conjunto residencial permitir que Teresa utilice el ascensor junto con sus animales de compañía sin necesidad de solicitar autorizaciones previas. Asimismo, dispuso dejar de aplicar el artículo del manual de convivencia y cualquier otra disposición interna que prohíba o restrinja ese uso. Igualmente, ordenó a la administración abstenerse de exigir permisos para que los residentes transiten con sus mascotas en el ascensor y no imponer sanciones relacionadas con ese comportamiento. La decisión, sin embargo, mantiene intactos los deberes de los propietarios de garantizar una adecuada convivencia y cumplir las normas de higiene y seguridad en las zonas comunes.
Impacto en la propiedad horizontal
El fallo de la Corte Constitucional sienta un precedente importante para todos los conjuntos residenciales en Colombia. Casi la mitad de las viviendas urbanas en el país están concentradas en conjuntos cerrados, según datos del sector. La sentencia deja claro que los manuales de convivencia no pueden estar por encima de la ley y que cualquier restricción al tránsito de mascotas debe ser proporcionada y justificada. La Corte concluyó que la autorización previa no superaba un juicio estricto de proporcionalidad debido al impacto que generaba sobre los derechos de la accionante y al deber de protección animal.
