División política por la extensión del estado de emergencia en Trinidad y Tobago
Puerto España, 11 jun (EFE).- La extensión del estado de emergencia en Trinidad y Tobago ha generado una profunda división entre el Gobierno y la oposición. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, defiende la medida argumentando que las organizaciones criminales y las redes de narcotráfico siguen siendo una grave amenaza para la seguridad nacional.
La división se hizo evidente durante el debate parlamentario que concluyó este jueves, donde los 28 legisladores del Gobierno votaron a favor y los 12 de la oposición en contra de la prórroga. Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde la mayoría gubernamental garantiza su aprobación.
Argumentos del Gobierno
Persad-Bissessar afirmó que el Gobierno no puede permitirse relajar las restricciones mientras continúen las operaciones de inteligencia contra el crimen organizado, ya que esto podría socavar las investigaciones en curso y permitir que las bandas se reagrupen y rearmen.
“El estado de emergencia en Trinidad y Tobago debe mantenerse, ya que las organizaciones criminales que ponen en peligro el orden público y amenazan los cimientos de la seguridad nacional aún no han sido desmanteladas”, declaró la primera ministra.
La estrategia del Gobierno contra el crimen incluye reformas legislativas, mayores recursos para las fuerzas del orden, una mayor captación de personal en la Policía y el Ejército, y un mejor intercambio de inteligencia con aliados extranjeros, incluido Estados Unidos.
Reducción de la violencia
El Gobierno ha argumentado que el estado de emergencia ha contribuido a la reducción de la delincuencia violenta, citando datos oficiales que muestran una disminución de los homicidios y la actividad relacionada con pandillas.
El estado de emergencia entró en vigor el pasado 3 de marzo por 15 días y fue extendido por tres meses, luego de que el Gobierno citara un aumento de la violencia de las pandillas, tiroteos masivos e informes de inteligencia que indicaban amenazas contra miembros de los servicios de seguridad.
Esta medida no es la primera vez que se declara. De hecho, el país lleva bajo estado de emergencia prácticamente durante todo el último año, ya que también se aplicó desde julio de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.
Defensa del fiscal general
El fiscal general, John Jeremie, también defendió la prórroga y argumentó que el crimen organizado en Trinidad y Tobago va más allá de las pandillas callejeras e incluye “sofisticadas redes delictivas de cuello blanco”.
Durante el debate parlamentario, Jeremie denunció la influencia de los intereses empresariales adinerados involucrados en la delincuencia organizada, y alegó que algunos miembros de la élite económica del país se han beneficiado de empresas criminales. Sus comentarios provocaron críticas de la oposición, que condenó al Gobierno por hacer acusaciones generalizadas sin presentar pruebas y de no justificar adecuadamente que los poderes extraordinarios de emergencia siguen siendo necesarios.
Rechazo de la oposición
La líder de la oposición, Penelope Beckles, rechazó la prórroga, calificando el estado de emergencia como una violación de los derechos y libertades de los ciudadanos. “El pueblo de Trinidad y Tobago merece algo mejor”, declaró Beckles, instando al Gobierno a presentar una estrategia clara para combatir el crimen en lugar de recurrir repetidamente a medidas de emergencia.
