La diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe, programada para el próximo 24 de julio, se mantiene firme. La Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud de la Procuraduría General de la Nación que pedía aplazar la audiencia argumentando la falta de práctica de pruebas esenciales para el caso.
Contexto de la investigación
La audiencia se enmarca en la investigación sobre los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia, específicamente por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Ituango entre 1996 y 1997, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Al conocerse la decisión del ente investigador, el exmandatario se pronunció a través de redes sociales. "En la respuesta, la Fiscalía aduce que tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad. Detrás de esto está el compromiso de la Fiscalía con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro, a quien quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida", señaló Uribe Vélez.
Reacción del expresidente
Asimismo, el expresidente agregó: "El fallo de tutela, a diferencia de la explicación de la Fiscalía, solamente ordenaba informar sobre el avance de la investigación, no era un apremio para llevarme a indagatoria, como lo propuso su promotor Eduardo Montealegre. La ley dice que la Indagatoria es un medio de defensa, pero sin la práctica de las pruebas no tendré manera de defenderme".
Uribe Vélez ya había advertido que hacían falta pruebas esenciales para continuar con el caso en su contra. El pasado 23 de junio, cuando se conoció la fecha de la indagatoria, el expresidente calificó el hecho como "atropello".
Los hechos que se investigan
Masacre de La Granja
La ola de violencia paramilitar en el corregimiento de La Granja (Ituango) inició con el asesinato de cuatro campesinos en 1996. Más de 20 paramilitares comandados por alias "Doble Cero" llegaron el 11 de junio de ese año y, por orden de los hermanos Fidel y Vicente Castaño, y Salvatore Mancuso, asesinaron a William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.
La incursión armada habría sido financiada desde la oficina de finanzas de ese grupo armado en el centro de Medellín, conocida como el Parqueadero Padilla. Por estos hechos, en 2023, la Fiscalía llamó a juicio a quien administraba esa estructura criminal: Jacinto Soto Toro, alias "Lucas".
Masacre de El Aro
Otro de los hechos por los cuales la Fiscalía le sigue la pista al expresidente Álvaro Uribe tiene que ver con lo ocurrido entre el 22 y 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, también en Ituango. Allí, un grupo de aproximadamente 200 paramilitares sembraron el terror bajo el mando de Carlos Castaño, según aseguró el propio Salvatore Mancuso ante la justicia.
Quince personas fueron asesinadas y 40 casas quemadas durante las dos semanas que duró la incursión paramilitar que avanzó con el fin de exterminar el pequeño asentamiento, donde algunos de sus habitantes fueron señalados, sin pruebas, de ser colaboradores de la guerrilla.
Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo
El defensor de derechos humanos era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia cuando fue asesinado, el 27 de febrero de 1998. Sicarios llegaron hasta su oficina en la capital del departamento, el mismo día en el que un campesino de Ituango lo esperaba para darle detalles de lo que había pasado en el corregimiento de El Aro.
Durante una entrevista en 1997, el propio Valle Jaramillo señaló que las masacres perpetradas por los paramilitares contaron con la participación de militares de la Cuarta Brigada del Ejército: "No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo", dijo. En octubre de 2025, un juez de Medellín compulsó copias en contra de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez por su posible responsabilidad en el crimen.
