La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó este 1 de julio dos sentencias históricas que marcan un hito en la justicia transicional colombiana. Por un lado, ratificó la decisión de septiembre de 2025 contra siete exintegrantes del último Secretariado de la antigua guerrilla de las Farc, responsables de más de 21.000 casos de secuestro. Por otro, confirmó el fallo contra siete exmilitares del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar), por 135 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.
Detalles de las sentencias
La primera sentencia, emitida en septiembre de 2025, declaró responsables a siete exmiembros del Secretariado de las Farc por su papel en la política de secuestros que la guerrilla implementó durante el conflicto armado. Los magistrados Eduardo Ciuentes Muñoz, Alejandro Ramelli Arteaga y Rodolfo Arango Rivadeneira comunicaron las apelaciones que confirmaron el fallo. La cifra de 21.000 secuestros incluye a civiles, políticos y militares, y constituye uno de los crímenes más representativos de la antigua guerrilla.
La segunda sentencia, también ratificada, condenó a siete exmilitares del Batallón de Artillería La Popa por 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el municipio de Valledupar. Estas acciones, conocidas como falsos positivos, consistieron en asesinar a civiles y presentarlos como bajas en combate para inflar resultados operativos. La JEP determinó que los hechos ocurrieron entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Importancia para la justicia transicional
Estas dos decisiones son claves para la justicia transicional porque, nueve meses después de los fallos iniciales, la JEP reafirma su compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición. Según el comunicado oficial, las sentencias buscan garantizar que los responsables asuman su culpabilidad y contribuyan a la reconstrucción de la memoria histórica. Las víctimas de ambos casos podrán acceder a sanciones propias, que incluyen trabajos comunitarios y restricciones de libertad, bajo el marco de la justicia restaurativa.
Reacciones y contexto
Organizaciones de derechos humanos celebraron las confirmaciones, destacando que representan un avance en la lucha contra la impunidad. "Estas sentencias demuestran que la JEP está cumpliendo su mandato de juzgar los crímenes más graves del conflicto", señaló un portavoz de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, sectores críticos han cuestionado la lentitud del proceso y la aplicación de sanciones alternativas a la prisión. La JEP defiende su modelo como fundamental para lograr una paz estable y duradera.
El caso de los falsos positivos es particularmente sensible, ya que involucra a miembros de la Fuerza Pública. La sentencia contra los exmilitares del Batallón La Popa es una de las primeras en su tipo dentro de la jurisdicción, y sienta un precedente para otros procesos similares en curso. Se estima que durante el conflicto se cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, según informes de la Fiscalía General de la Nación.
Próximos pasos
Con estas confirmaciones, la JEP avanza en la etapa de imposición de sanciones propias, que incluyen la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y la participación en proyectos de reparación. Los condenados deberán cumplir con estas medidas en un plazo de cinco a ocho años, bajo la supervisión de la misma jurisdicción. Las víctimas, por su parte, tendrán derecho a participar en los procesos de construcción de memoria y a recibir reparaciones integrales.
