La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió al Tribunal para la Paz a 29 exintegrantes de la fuerza pública, quienes fueron señalados como máximos responsables de los llamados falsos positivos ocurridos en el departamento del Huila entre 2005 y 2008. La decisión se tomó tras verificar que los comparecientes aportaron verdad, reconocieron su responsabilidad y adelantaron acciones restaurativas.
Detalles de la decisión
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, informó que entre los remitidos se encuentran un coronel, 11 tenientes coroneles, un teniente, tres capitanes, dos mayores, seis suboficiales y cinco soldados profesionales retirados, todos ellos reconocidos como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el Huila durante el periodo mencionado.
La lista incluye al coronel (r) Carlos Yair Salamanca; a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado, Alejandro León, Mario Hernán Duarte, Luis Carlos Aguilera, Domingo Peña Cepeda y Ómar Oswaldo Ojeda; y a los mayores (r) Leonardo Ayala, Felipe Andrés Ramírez, Francisco Adrián Álvarez, Ángel Fernando Carvajal y Julián Andrés Calderón.
También fueron remitidos los capitanes (r) Miller Damián Forero, Jesús Mauricio Jiménez y Carlos Mahecha Bernal; los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta, Desaix de Jesús Palomino y Fernando Riveros Sarmiento; los sargentos segundos (r) William Andrés Capera y Carlos Hernán Rodríguez; el cabo primero (r) José Roldán López; y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué, Willinton Espinoza, Roberto Yesid Quintero, José Yaty Anacona y Francisco Javier Castañeda.
Patrones macrocriminales
La investigación de la JEP identificó tres patrones macrocriminales. El primero fue la estigmatización de las víctimas, a quienes se señalaba arbitrariamente de colaborar con grupos armados antes de ser asesinadas. El segundo consistió en el engaño a personas en condición de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo o promesas económicas para trasladarlas a zonas donde luego eran ejecutadas y reportadas como combatientes muertos. El tercer patrón correspondió a la realización de operaciones ilegales sustentadas en denuncias falsas o información manipulada.
La magistrada Catalina Díaz explicó que en el departamento se logró establecer “la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados”, con el propósito de generar una falsa sensación de seguridad y obtener beneficios profesionales e institucionales.
Investigación y medidas restaurativas
La JEP practicó 130 versiones voluntarias, siete testimonios y analizó expedientes judiciales, archivos militares e información aportada por organizaciones de víctimas. Según la jurisdicción, estos crímenes ocasionaron daños al buen nombre de las víctimas, afectaciones familiares y comunitarias, impactos emocionales y psicológicos, perjuicios económicos y afectaciones al tejido social.
Como parte de las medidas restaurativas, los comparecientes han participado en jornadas de intervención en cementerios de Huila y Caquetá, labores que han permitido la recuperación de 71 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Además, se adelantan iniciativas de memoria y acciones para restablecer públicamente el buen nombre de las víctimas.
Militares que no reconocieron responsabilidad
La JEP señaló que seis de los 36 militares retirados imputados en el Subcaso Huila fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, luego de que no reconocieran verdad ni responsabilidad por los hechos atribuidos. Se trata de los generales (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Juan Carlos Figueroa García y Luis Fernando Rojas Espinosa, así como de los coroneles (r) Raúl Fernando Suárez del Río, José Joaquín González del Río y Edilberto Cortés Gómez.
Cifras del Subcaso Huila
Durante la investigación, la JEP documentó 204 falsos positivos, 35 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Además, 434 víctimas fueron acreditadas dentro del Subcaso Huila.
